La pandemia del coronavirus, que ha generado el cierre de negocios, despidos masivos, Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) y restricciones que han frenado el mercado laboral, ha convertido 2020 en el peor año para el empleo en más de una década. Cerca de 360.000 puestos de trabajo destruidos, 725.000 parados más, casi 900.000 empleados en ERTE y 2,7 millones de ciudadanos cobrando alguna prestación o ayuda del SEPE dibujan un panorama excepcional, en el que un colectivo de trabajadores ha tomado protagonismo: los mayores de 65 años.
El último trimestre del año pasado registró el mayor número de trabajadores con más de 65 años de la serie histórica de la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), que comienza en 2002. Un total de 267.200 ocupados, en edad de jubilarse, seguían aferrados a su empleo en plena crisis, que ha afectado especialmente a los colectivos con mayor edad. Más de 47.000 seguían en su puesto con más de 70 años.
La reforma de las pensiones de 2011, que contemplaba elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, aunque con la posibilidad de retirarse a los 65 con 38 años y medio cotizados, empieza a tener discretos efectos. Además del aumento de la edad de permanencia en el mercado laboral, la edad media de los retiros también se ha incrementado en los últimos años, hasta alcanzar 64,6 años. Sin embargo, uno de cada cinco trabajadores todavía se jubila anticipadamente antes de los 63.
El efecto crisis
En 2021, la edad de jubilación es de 66 años, pero se puede acceder un año antes y cobrar el 100% de la pensión acreditando 37 años y tres meses trabajados, algo que no resulta sencillo para muchos de los que perdieron su empleo en la anterior crisis económica o en la actual y que han generado grandes lagunas de cotización que hacen muy difícil lograr una pensión digna. Por eso, trabajar más allá de los 65, si se consigue un puesto a esa edad, no es una opción para muchos, es una necesidad para poder seguir cotizando y lograr una pensión adecuada. Para acceder a una pensión de jubilación el período mínimo de cotización de 15 años y se tiene derecho solo a un 50% de la base reguladora.
Sin embargo, existen otros perfiles, posiblemente menos frecuentes. Muchos trabajadores con elevados salarios, motivados con su profesión y con fuerzas y salud para seguir activos deciden aplazar la fecha de su retiro, puesto que se encontrarán con una pensión de 2.707 euros, posiblemente dos o tres veces inferior a su sueldo, y que condicionará su nivel de vida.
Otro de los grupos, el ideal para sostener el sistema según los planes del ministro José Luis Escrivá, es aquel que prolonga su vida laboral con el objetivo de ver mejorado el cálculo de su pensión. El porcentaje adicional dependerá del total de años cotizados que se acredite y oscila entre el 2% y el 4%, que está condicionado, con algún matiz, a tener 37 años cotizados.
También destacan entre los que siguen activos a la edad de jubilarse los autónomos que han podido mantener su negocio. Las bajas cotizaciones de este colectivo hacen que su pensión media sea de 790 euros, frente a los 1.330 de los trabajadores del Régimen General. Además, según consta en la estadística de la Seguridad Social se retiran meses más tarde que la media de cotizantes.
Los 'baby boomers' no quieren retirarse
La situación, en la mayoría de los casos forzada, de los 267.000 ocupados con más de 65 años, puede considerarse excepcional si nos fijamos en un sondeo realizado por el Instituto BBVA de Pensiones, que evidencia que solo seis de cada diez 'baby boomers' estarían dispuestos a trabajar después de los 65 años para garantizar su pensión y que la mayoría desearía retirarse a los 62 años. Mientras, la opción de trabajar al tiempo que se cobra parte la pensión -algo que contempla ya en la ley- solo es una alternativa para el 22%.
Los ingresos medios de los hogares de los 'baby boomers' se sitúan en torno a los 2.000 euros y la cuantía de las nuevas pensiones es de media 1.457 euros, pero los miembros de esta generación están dispuestos a perder nivel adquisitivo a cambio de aprovechar al máximo el disfrute de la pensión. Ocho de cada diez tienen vivienda en propiedad y el 60% ya ha pagado su hipoteca.
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