La parálisis política que se originó tras la moción de censura a Mariano Rajoy hace ahora casi 500 días ha propiciado un drástico parón de las reformas y ha dejado aparcados los grandes pactos de Estado y el debate de asuntos trascendentales como el futuro de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, algo cada vez más urgente en un contexto en el que no encajan las piezas. Tasas de desempleo cercanas al 14%, sueldos que mayoritariamente rondan los 1.000 euros fruto de trabajos precarios, una pirámide demográfica invertida por la escasa tasa de natalidad y una mayor longevidad y pensiones cada vez más elevadas, que además crecen más que el número de cotizantes, dibujan el peor panorama para el actual modelo en el medio plazo.
Sin un guión claro y con la necesidad de profundizar en numerosas variables, que previamente deben ser consensuadas, no es infrecuente que de forma periódica se hagan públicas recetas 'mágicas', algunas más ocurrentes que otras, para garantizar las pensiones. Desde impulsar la cotización de los robots a la Seguridad Social, pasando por priorizar los planes privados a prolongar la edad de jubilación hasta que el cuerpo aguante, por ejemplo hasta los 70 años, como ha dejado caer recientemente el ex presidente del Gobierno José María Aznar, posiblemente sin considerar dónde se podrían emplear los mayores en un mercado laboral que les deja fuera apenas cumplen 50 años.
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El último informe de Melbourne Mercer Global Pension Index, que analiza la suficiencia, sostenibilidad, buen gobierno y comunicación de 34 sistemas de pensiones del mundo, deja patente que España está a la cola entre los países desarrollados en cuanto a sostenibilidad de su sistema y eso implica que las reformas deberán ser más profundas y posiblemente más dolorosas para los ciudadanos. Es sin duda el principal reto en un contexto en el que la cuantía de las pensiones es muy similar al último salario cotizado, en el que se abona un buen número de prestaciones asistenciales y no contributivas y en el que impera la voluntariedad a la hora de optar por un plan de pensiones privado, que siguen siendo una opción minoritaria.
Según el citado estudio, parte del problema se podría solucionar si se aumentara de forma automática la cobertura de empleados con planes de pensiones de empleo, se prolongara la vida laboral y se incentivase el ahorro de los hogares, que garantizaría un mayor bienestar de cara a la vejez. España afronta un futuro más incierto y complicado que el resto de sus vecinos, si bien casi todo los países desarrollados deben impulsar reformas -en Europa la mayoría ya han puesto en marcha la jubilación, progresiva, a los 67 años-, aunque algunos parten con ventaja y tienen ya parte del camino andado.
En Europa, Dinamarca y Holanda, también Suecia, han encontrado las fórmulas para garantizar suficiencia y sostenibilidad de su sistema. El danés se basa en un primer pilar financiado con fondos públicos procedentes del IRPF, impuestos municipales y cuotas de trabajadores y empresarios que da derecho a una 'pensión social' básica, cuya cuantía no puede exceder el 17% del salario medio. Ésta se complementa con un segundo pilar obligatorio y de carácter privado que se financia en dos terceras partes por el empresario y una tercera parte por el trabajador y que equivale al 1% del salario anual. El tercer pilar, es voluntario y se asienta en las aportaciones que los empleados realizan a planes de pensiones privados. En conjunto el sistema danés sustituye alrededor del 66% del último salario. Dinamarca, igual que España, ha elevado la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.
Los españoles tendrán una esperanza de vida de 85,8 años en 2040, lo que hará que nuestro país lidere el ránking mundial, según un reciente estudio de la Universidad de Washington. En la actualidad, ocupa el cuarto puesto, solo por detrás de Japón, Suiza y Singapur. Mientras, nueve de cada diez ciudadanos superan los 65 años de edad, hasta ahora la prevista para poder jubilarse. Junto a esto, en 2018, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se produjo el menor número de nacimientos de la serie histórica, que empieza en 1941, en plena posguerra. La tasa de reposición -que teóricamente mantendría la población total sin necesidad de recurrir a la inmigración- suele situarse en 2,05 hijos por mujer, pero en nuestro país el número de hijos está por debajo de ese nivel de los años 80 y se situó en 1,31 el año pasado.
Pero lo peor está por venir. La generación del 'baby boom' está cerca de su edad de jubilación y el gasto en pensiones se incrementará notablemente en el medio plazo, teniendo además en cuenta que las cuotas sociales que abona un empleado apenas sirven para pagar el 75% de la jubilación. Los nacimientos a partir de 1955 se dispararon por encima de los 650.000 y en 1964 llegaron a los 697.697. Ahora todos estos 'baby boomers' se tendrán que jubilar, mientras solo seis comunidades mantienen un ratio superior a dos afiliados por pensionista y las prestaciones españolas continúan siendo de las más generosas de Europa. Un cóctel perfecto para que España se convierta en la primera víctima de las medidas más radicales para garantizar las pensiones.
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