La opción de jubilarse anticipadamente tiene un coste económico, pero hasta el momento han sido muchos los trabajadores que ya han tomado ese camino pese a ver recortada su pensión hasta un 16% a cambio de ganar tiempo libre en el comienzo de su vejez después de décadas de cotización. Los datos de la Seguridad Social no dejan a lugar a dudas del interés por esta alternativa especialmente de las rentas altas -que verán como acaba su actual privilegio- y muestran que más de 192.500 trabajadores se han retirado con 63 años desde enero de 2017 a marzo de 2021. Otros 95.000 optaron por el retiro con 64.
Solo durante el año pasado, en plena pandemia del coronavirus, más de 109.000 trabajadores se retiraron antes de llegar a la edad legal de jubilación y el porcentaje de los que lo hicieron a los 63 y 64 aumentó un 11% con respecto a 2017. La incertidumbre que genera la reforma de las pensiones, cuyo debate estuvo muy presente el año pasado, es responsable en buena medida de este incremento, mientras que las medidas que se han ido adelantando en 2021, fundamentalmente las relativas a las penalizaciones al retiro adelantado, pueden llevar a retiros en masa de trabajadores que ya tienen la edad para jubilarse.
Según la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ocupados con edades entre 60 y 64 años superaba en el primer trimestre del año los 1,3 millones. A estos habría que añadir otros cientos de miles de parados con más de 63 años, ya que un tercio de los retiros se producen desde el desempleo. Muchos podrían adelantar su jubilación a este año, antes que se aprueben las primeras reformas, pero todos lo podrían hacer antes de 2027, cuando vea la luz el factor de equidad intergeneracional, un mecanismo que tendrá un efecto importante en la cuantía de la pensión, que verá condicionada por la esperanza de vida. Además, 266.000 ocupados tienen más de 65 años, y los que han cotizado 37 años y 3 meses ya podría acceder legalmente a la jubilación y sin penalizaciones.
Del colectivo de ocupados en esa franja de edad, los funcionarios de Clases Pasivas -con excepción de los Cuerpos Docentes Universitarios y los Magistrados, Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia- tienen la opción inmediata de retirarse, ya que pueden hacerlo con 30 años cotizados y a los 60, con penalización, y a los 61 sin ella. Las administraciones perderán desde ahora hasta 2025 casi 330.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década, la mayoría funcionarios que entraron en la Administración, casi en avalancha, en los años 80 y 90, por el desarrollo del Estado de las Autonomías y la mejora del bienestar social en España.
La estadística sobre Clases Pasivas, que aparece en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, da una pista del interés de este colectivo por el retiro, sobre todo tras los rumores constantes de cambios en su régimen 'privilegiado', que se evidencia en que durante los dos últimos trimestres un total de 20.570 efectivos -civiles y militares- han decidido retirarse, un 70% más. La edad media de retiro de los funcionarios de este régimen se situó en 61,97 años en 202o, casi tres años y medio menos que los trabajadores vinculados al régimen de la Seguridad Social.
Prejubilaciones a los 61
Otro colectivo que podría optar por el retiro a los 61 años, aunque con penalizaciones, son los trabajadores que sufrieron un despido colectivo o individual por causas económicas antes de 1 de abril de 2013. Es la llamada jubilación derivada del cese no voluntario en el trabajo, para la que hay que tener un máximo de cuatro años menos que la edad legal exigida, es decir, 61, y 33 años de cotización, además de haber permanecido en el paro los seis meses anteriores al retiro.
También pueden acceder a la jubilación anticipada cuatro años antes los trabajadores con el 65% o más de discapacidad reconocida, o con un 45% o más de discapacidad generada por 20 enfermedades previstas por la Seguridad Social. Mientras, los trabajadores que hayan desarrollado una actividad laboral considerada como penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, también tienen derecho a una jubilación anticipada si al menos han cotizado 15 años a la Seguridad Social durante su vida laboral. Algunos incluso acceden a ella a los 52 años y en este grupo están ferroviarios, mineros del carbón, pilotos, toreros -55 años-, artistas -a partir de los 60-, bomberos y policías locales, entre otros.
Los policías locales, más de 63.000 en toda España, han sido el último colectivo que se adherido a la jubilación anticipada, en su caso a los 59 años cumpliendo una serie de requisitos, entre otros -en 2021- tener más de 36 años cotizados de los que al menos 15 deben haber transcurrido dentro del cuerpo. Su pensión no sufre recorte alguno debido a la sobrecotización de un 10,6%, de los que el trabajador paga el 1,87% y el resto, la Administración para la que está empleado.
Entre los médicos y enfermeros también se producirá una oleada de retiros prematuros a partir de este año. Según un informe elaborado por la Organización Médica Colegial, entre 14.000 y 15.000 médicos podrían pedir la jubilación anticipada al situarse en una franja de edad de 63 y 65 años, antes de que la reforma laboral, que penalizará doblemente a las rentas elevadas, se ponga en marcha a final del años. Casi el 20% de los más de 225.000 médicos en activo tienen 65 años o más y prácticamente la mitad de los profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria -con una plantilla de 30.000 efectivos- y de Urgencias, Emergencias y Sanidad Privada -más de 10.000- se retirarán en los próximos diez años,
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