Protestas, plantones y más gasto

Pensiones, SMI, luz... la agenda social de Sánchez pone el otoño al rojo vivo

Los jubilados saldrán a la calle y el alza del SMI pondrá a la defensiva a los empresarios. Mientras, queda pendiente los más duro de las grandes reformas y la tensión entre los socios de Gobierno sigue viva.

YOLANDA DÍAZ PEDRO SÁNCHEZ
Sánchez y Díaz se han volcado en reducir al mínimo las tensiones en la coalición.
Europa Press

La reforma de las pensiones y del mercado laboral, la rebaja de la factura de luz, la tramitación del decreto de interinos o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de la distribución de los fondos europeos para la recuperación, la prórroga de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y la negociación de los Presupuestos Generales para 2022, son solo algunos de asuntos económicos y sociales que el Gobierno deberá tratar durante el próximo trimestre y que anticipan un otoño, que apenas llegará en una semana, extremadamente caliente. La relación entre los socios del Ejecutivo será clave para sacar adelante buena parte de estos compromisos, pero las tensiones y discrepancias siguen vivas pese a los esfuerzos del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para moderarlas.

El Gobierno de coalición tiene demasiados frentes abiertos en un contexto en el que conseguir apoyos no resulta nada fácil y tampoco barato. Con el reparto de la millonaria ayuda europea para la recuperación, que ha provocado el descontento de algunas comunidades y sectores y que no será fácil gastar y justificar, el Gabinete de Sánchez tendrá que continuar durante el curso político que ahora empieza con la negociación de la reforma laboral y la de pensiones, que tiene pendientes dos de los puntos más controvertidos: el factor de equidad intergeneracional -que anticipa la rebaja de las prestaciones- y la cotización por ingresos reales de los autónomos. Además, las protestas de jubilados y pensionistas, que no han parado, se reavivarán en octubre para reclamar el fin de penalizaciones a las largas carreras.

Enfrente también se encontrará el Gobierno a los empresarios, representados en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que nos están dispuestos a asumir este año una nueva subida del SMI este año, que Díaz está dispuesta a llevar a cabo solo con los sindicatos y que ya tiene el visto bueno de Sánchez. Sin embargo, la situación no anticipa un diálogo fluido con los empresarios, sobre todo, para sacar adelante antes de fin de año una reforma laboral consensuada de la que dependen nuevos fondos europeos. Septiembre será determinante para los avances, aunque los responsables de las empresas se han mostrado muy críticos contra determinadas medidas sobre la mesa y los planteamientos intervencionistas de algunas iniciativas.

La prórroga de los ERTE será acordada de forma inminente, mientras CEOE se ha enrocado ante el alza del SMI y frente algunas propuestas de la reforma laboral

También queda pendiente una decisión sobre una prórroga de los ERTE, que han salvado cientos de miles de empleos, que se deberá tomar esta semana, a 15 días de que acabe el plazo. Es muy probable, como se reconoce desde el Ejecutivo, que se prolonguen al menos hasta final de año, pero con algunas modificaciones, un planteamiento que no comparten los sindicatos. Todavía hay más de 250.000 trabajadores con el empleo suspendido y el fin de la ayuda podría disparar los despidos y el desempleo y generar un colapso judicial. 

Por su parte, el imparable precio de la factura de la luz, al que el Gobierno trata de dar solución con la bajada de 5,1% al 0,5% de los impuestos especiales que se aplican a la electricidad, que se aprobará hoy; con la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al 10% de forma temporal; con la supresión hasta final de año del tributo a la generación; y la rebaja, también temporal, del exceso de retribución que obtienen las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2, también deberá ser tratado al detalle y de forma urgente durante los próximos tres meses.

La decisión del Ejecutivo supondrá un varapalo para las eléctricas, pero también para las autonomías, que dejarán de ingresar cerca de 1.500 millones de euros por la práctica desaparición de los impuestos específicos para la luz, sobre los que tienen competencia. Por su parte, la subida del SMI, que sigue adelante, supondrá un quebranto económico para numerosas empresas y una pérdida de empleo en las escalas salariales más bajas en sectores como la agricultura, la construcción o entre las empleadas de hogar, entre los jóvenes y los más mayores y en las comunidades con menos renta.

Sánchez ha fiado todo a la recuperación y a los fondos europeos, pero la subida del IPC ya es una mala noticia y ya son demasiados los frentes abiertos

La apuesta social de Sánchez, los compromisos con Unidas Podemos, que tienen un coste económico elevado pero que garantizan una importante mejora social, y los Presupuestos Generales de 2022 está fiados a la recuperación económica, que parece que se producirá, aunque será moderada y con una duración muy limitada, y a los fondos europeos, en un escenario en el que la inflación, debido a la electricidad, continúa subiendo y hará que tanto pensiones como el sueldo de los funcionarios aumenten más de los esperado y que requieran una partida extra de 10.000 millones.

El pasado 21 de julio, el Congreso de los Diputados salvaba 'in extremis' y por la mínima la tramitación del decreto de interinos, un hecho que volvía a mostrar la debilidad parlamentaria de Sánchez y las exigencias de sus socios. En principio, hoy acaba el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que sustituirá al decreto-ley de los interinos. Se tramitará por la vía de urgencia y el objetivo es tener aprobada la ley a finales de octubre. Sin embargo, los trabajadores interinos, respaldados por la Justicia, no han parado su lucha y se multiplican en los tribunales las demandas para regularizar su situación.

La reforma de las pensiones, clave

Después de que las primeras medidas de la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá pasasen el filtro de los agentes sociales, pese a incorporar nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada, queda pendiente los más duro de esta reforma imprescindible para garantizar el futuro de las pensiones públicas en un escenario de envejecimiento, trabajo precario y mal pagado y prestaciones tras la vejez cada vez más elevadas y numerosas. Antes de que acabe el año será necesario decidir como se materializa el Factor de Equidad Intergeneracional, que algunos siguen llamando Factor de Sostenibilidad, que deberá ajustar -bajar- la cuantía de las prestaciones teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida. También verán la luz cambios en las pensiones de autónomos que se vaticinan costosos para el colectivo.

Mientras, la crisis generada por el coronavirus sigue generando nuevas vías de agua que pueden frustrar algunas iniciativas. La subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) será un nuevo lastre económico tras las concesiones a los sindicatos en la reforma de pensiones y los compromisos adquiridos con los sindicatos para recuperar poder de compra. El aumento del IPC, un indicador que podría acabar el año entre el 2,5% y el 3% según los analistas, se ha convertido en una nueva amenaza para buena parte de los ciudadanos y para muchos trabajadores del sector privado que ven como sus sueldos suben en convenio la mitad de que lo hará la inflación.

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