El año pasado se dieron de alta en España 303.394 nuevos jubilados, una cantidad sensiblemente inferior a la registrada en 2018, cuando fueron 328.159 personas las que dieron el paso de retirarse definitivamente del mercado laboral. En términos porcentuales, en 2019 la Seguridad Social registró un desplome en las altas de pensiones de jubilación del 7,5%. Este retroceso anual no es baladí, pues se trata del primero desde 2015, lo que podría estar indicando un cambio de tendencia, y además supone la mayor caída de los últimos 13 años, pues hay que remontarse a 2006 para observar un descenso mayor en términos proporcionales.
Las estadísticas de la Seguridad Social, que se remontan hasta el ejercicio 2005, muestran que el número de altas de jubilación solo se ha reducido respecto al año anterior en cinco ocasiones: la primera y la más acusada, en 2006 (-11,4%), la siguiente en 2007 (-1,4%), después en 2011 (un exiguo -0,7%), y por último en 2014 y 2015, con caídas del 5% y del 3%, respectivamente. Y así se llegó a un periodo de recuperación económica en el que se encadenaron tres años consecutivos de incrementos de los nuevos jubilados que culminó con el 'boom' de 2018, cuando se alcanzó el récord de altas con más de 328.000 inscripciones.
Pero el año pasado se produjo un cambio en esta tendencia y las altas volvieron a caer. Este desplome viene provocado precisamente por el efecto estadístico de ese récord histórico de 2018, cuando el 'pánico' al denominado 'Factor de Sostenibilidad' provocó una oleada de prejubilaciones de trabajadores por el temor a una importante rebaja en la cuantía de las pensiones a partir de 2019, cuando estaba prevista su implantación. Sin embargo, ese efecto se diluyó con el retraso de la entrada en vigor de la medida hasta 2023.
Los expertos coinciden en que en las jubilaciones masivas de 2018, sobre todo en las prejubilaciones (más del 40% del total), tuvo mucho que ver el miedo a la entrada en vigor de este mecanismo de ajuste que introdujo la reforma de las pensiones de 2013 para rebajar la cuantía de la pensión adaptándola a la esperanza de vida creciente. Para esquivar el impacto de este elemento, muchos trabajadores optaron por adelantar su jubilación a pesar de asumir una penalización, pues la cuantía de la pensión que cobra un jubilado se reduce alrededor de un 7% por cada año que se anticipe el retiro respecto a la edad legal en ese momento.
Pero finalmente no entró en vigor. Fruto de un pacto entre el PP y el PNV para subir las pensiones con el IPC en 2018 y 2019, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 dispuso que "la aplicación del Factor de Sostenibilidad (...) se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023".
En paralelo, detrás del descenso de los nuevos jubilados se esconden otros motivos, como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años el pasado mes de marzo de 2019. Esta ayuda impacta porque tras los cambios introducidos por el Gobierno socialista los beneficiarios ahora no están obligados a jubilarse anticipadamente, por lo que muchos optan por seguir cotizando con el subsidio. Además, la estabilidad económica también ha contribuido a que haya menos jubilaciones, que tienden a aumentar en periodos de crisis (entre 2008 y 2010 y entre 2012 y 2014).
Las nuevas pensiones, cada vez más caras
A pesar de que las nuevas altas de jubilación se reducen, las pensiones que cobran estos recién incorporados al sistema público no deja de escalar. En 2019 la cuantía media alcanzó los 1.346 euros mensuales, un 2,65% más que en 2018 y máximo de toda la serie histórica. Este encarecimiento de la nómina se debe, por un lado, a las mejoras aprobadas por el Gobierno para revalorizar las pensiones con el IPC, pero también a que los trabajadores de ahora se retiran con mejores y más largas carreras de cotización que sus predecesores.
De hecho, por el otro lado de las estadísticas se observa que los jubilados que causan baja en el sistema cobraban de media una pensión mensual de 1.035 euros a cierre de 2019. Esta cantidad supone un incremento del 5% respecto a un año antes e implica que por primera vez en la historia las nóminas que se extinguen superan los 1.000 euros. En 2018 se alcanzaron de media los 986 euros mensuales y hace solo 10 años, en 2009, los jubilados que fallecían apenas superaban los 800 euros de pensión. Aun así, la brecha entre las nuevas pensiones y las que causan baja alcanza los 311 euros.
De cualquier manera, y aunque en principio la ralentización de las nuevas altas de jubilación debería suponer un cierto alivio para la Seguridad Social, no pudo evitar que la nómina mensual que se abona por todas las pensiones públicas siguiera disparada en 2019. Según los datos de Tesorería del cierre del año, en el conjunto del ejercicio se abonaron en total 135.163 millones de euros, un 6% más que en 2018. Y este año va por el mismo camino, con un gasto mensual que se aproxima peligrosamente a los 10.000 millones de euros y dos pagas extraordinarias para las que el Gobierno necesitará de nuevo recurrir a financiación externa.
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