Jueces.- Sindicatos policiales apoyan el paro y exigen una Ley de huelga ante el actual 'vacío legal'

  • Los sindicatos policiales mostraron hoy su apoyo a los jueces y magistrados que secunden el paro convocado para mañana, al tiempo que exigieron al Gobierno la elaboración de una Ley de huelga con 'la mayor urgencia posible' para 'tapar' el actual 'vacío legal' que se vive en distintos sectores profesionales, entre los que citó el Cuerpo Nacional de Policía.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Los sindicatos policiales mostraron hoy su apoyo a los jueces y magistrados que secunden el paro convocado para mañana, al tiempo que exigieron al Gobierno la elaboración de una Ley de huelga con "la mayor urgencia posible" para "tapar" el actual "vacío legal" que se vive en distintos sectores profesionales, entre los que citó el Cuerpo Nacional de Policía. Las plataformas sindicales expusieron en un comunicado conjunto que los miembros de la magistratura tienen "pleno derecho" al ejercicio de esta huelga "en defensa" de sus intereses y de los del conjunto de ciudadanos. "Aplicando la máxima de 'donde la ley no prohíbe no se puede prohibir', las organizaciones sindicales policiales apoyamos la huelga que han convocado para mañana día 18", sostuvieron, para indicar que no tienen "la más mínima duda" de la responsabilidad de los jueces, quienes han establecido "los servicios mínimos oportunos". Sin embargo, lamentaron que los gobiernos "de distinto signo" no han dado el paso de abordar una Ley de huelga, por lo que distintos colectivos de la sociedad "se ven privados" a practicar dicho derecho, que, añadieron, es "esencial" para "un pleno ejercicio de la actividad sindical". Para las organizaciones, el actual vacío legal lleva a cometer "distintas interpretaciones" y a olvidar los sectores que no disponen de esta "herramienta fundamental". Por otra parte, pidieron a los agentes que "limiten todo lo posible las actuaciones rutinarias de identificación y detención" para evitar colapsos en comisarías y que mantengan "los servicios de seguridad y protección" para perseguir "cualquier actuación que atente contra la libertad, los derechos y la seguridad de los ciudadanos".

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