‘Misión Imposible II’ fue la película más taquillera en todo el mundo durante el año 2000, con casi 600 millones de dólares de recaudación. Eso significa que alrededor de cien millones de personas vieron, solo en aquel ejercicio, a Anthony Hopkins quejarse ante Tom Cruise de que en España se honre a los santos quemándolos. Se supone que ambos están en Sevilla, como informa un rótulo localizador, pero la escena se rodó en un plató de California. Seguramente, de haberse filmado en España, alguien hubiese explicado a los productores de una película que costó 125 millones de la época (unos 200 de hoy con la actualización de la inflación) que la Semana Santa sevillana es una cosa y las Fallas otra muy distinta.
De este gazapo nació la idea de crear la Spain Film Comission (SFC), la organización que hoy día se dedica a la promoción, captación, información y facilitación de rodajes internacionales en nuestro país. La preside desde su concepción en el cambio de milenios Carlos Rosado, quien alerta sobre el momento “decisivo” que afronta España en los próximos meses si quiere un papel protagonista en el mundo de las filmaciones de prestigio... y de inversiones millonarias. “Ya ha cambiado el eje económico de los rodajes en España”, señala para incidir en que medio mundo está metido en la batalla por ser el próximo escenario de 'Juego de Tronos' o de la última gran producción de Hollywood.
No es para menos. Dependiendo del informe al que se atienda, por cada euro que se invierte en este sector de los rodajes se logra un retorno que varía desde los tres que calcularon en Irlanda, los cuatro de Australia (ambos, a partir de estudios de la consultora Oldsberg) o incluso los 15 del Reino Unido (en cálculos del propio sector británico). Por lo tanto, hay mucho dinero en juego. De una parte y de la otra; del país que sirve de plató y del que viene a llevarse las imágenes. Inversión inmediata sobre la economía local y de forma indirecta cuando se cierre el círculo virtuoso del turismo. A esta contienda cada país acude al campo de batalla con su paquete de ayudas fiscales propio (y España no es de las que más ofrece en este sentido precisamente) y la práctica mayoría de los miembros de la zona euro están al acecho de que el Brexit expulse al Reino Unido de Europa y pierda con ello su vitola de socio preferente de Estados Unidos para poner el primer pie en el Viejo Continente.
Sobre este caso en particular, antes deberá dilucidarse qué ocurre con la marcha del Reino Unido de la UE, ya que la presión de la industria en las negociaciones está siendo muy intensa para que no quiten privilegios a la creación artística con sede en las Islas. Tiene su lógica para un sector como el británico, que acapara casi el 30% de los ingresos totales de las 100 principales compañías europeas del audiovisual, según un reciente informe de la Comisión. En ese mismo informe también se plasma que tres de cada diez producciones británicas tienen dinero americano. Un dinero por el que se pegan codazos ya los tres países mejor colocados: Irlanda, Francia y Alemania.
Por su parte, España tiene potencial para plantar cara en cada una de estas batallas. Pero que hay que actuar pronto. “Nuestra capacidad de crecimiento es muy importante”, apuntan desde la SFC, que consideran que hay tres aspectos que podrían convertir el atractivo natural, histórico, social, climatológico y de infraestructuras de nuestro país en algo más sólido y, sobre todo, de mayor recorrido. Porque a España siempre vendrán a rodar como ya se hizo en los años sesenta o setenta con las grandes producciones históricas (de '55 días en Pekín' a 'Espartaco' o 'Cleopatra'), pero a lo que debe se aspirar es a algo más. A ser un referente de profesionalidad.
Para ello, lo primero y más importante cuando se trata de lidiar con incentivos a empresas es que la norma básica esté clara. En España, las ayudas fiscales por rodajes internacionales siempre se dirigen a compañías españolas de servicios de rodaje aunque la producción sea extranjera. Es decir, la HBO o la Warner no reciben directamente en sus arcas el incentivo: ha de vehicularse a través de una firma nacional.
Así lo estipula el artículo 36.2 del Impuesto de Sociedades, reformado en 2014 por el Gobierno del Partido Popular tras una intensa negociación entre el sector y el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro y mejorada del 15% hasta el 20% de devolución de los gastos a principios de 2017.
Para llegar hasta aquí, según recuerda Carlos Rosado, fue fundamental el papel desempeñado por Ciudadanos, que recogió las peticiones del sector. Fuentes de la formación naranja siguen defendiendo la “importancia estratégica” de este mercado, “no sólo por los evidentes beneficios económicos y de imagen que supone, sino por su enorme impacto en la formación y el mantenimiento de un tejido industrial, tecnológico y profesional para nuestras propias industrias audiovisuales”.
Irlanda o Francia también son identificados por Cs como enemigos a batir y el recorrido fiscal se analiza como el terreno fundamental para crecer. “Estamos preparando una batería de propuestas que presentaremos en los próximos meses, encaminadas no sólo a una mejora cualitativa de ese tipo de incentivos, sino a otros aspectos relacionados con su accesibilidad y simplificación, así como a programas de formación de profesionales que garantice que un incremento de este tipo de rodajes tenga un impacto significativo en el empleo de profesionales nacionales”, añaden.
Esta postura es similar a la de la Spain Film Comission, que mantiene a su vez contactos con el Ministerio para tantear la situación. Mejor fiscalidad y más profesionalidad en el sector son sus bazas. Pero antes de ampliar incentivos, hay que aclarar lo que se tiene. El sector reclama la elaboración de un reglamento que desarrolle la norma respecto al cine o una serie de disposiciones generales en su defecto que pongan negro sobre blanco condiciones, retornos, requisitos, plazos, beneficiarios… Es decir, que se despeje cualquier sombra interpretativa para las siempre temerosas inversiones.
A partir de tener un texto sin aristas ni vericuetos, se podría avanzar en el segundo gran bloque. Que es mejorar los incentivos fiscales actuales, consistentes en la devolución en la liquidación posterior del Impuesto de Sociedades de hasta un 20% de los gastos deducibles. Para la SFC no es tan urgente elevar ese umbral, sino destopar el máximo de reembolso al que tiene derecho cada producción, actualmente situado en tres millones. En paralelo, defienden que el mínimo de gasto de un millón también se elimine, de modo que puedan acceder a las ayudas producciones pequeñas o, por ejemplo, del sector de rodajes para publicidad, de menores dimensiones por cada realización.
Para la industria, lo ideal sería subir el límite máximo a diez millones y “así podríamos competir mejor con otros países que no tienen límites” mejor que con un simple aumento del porcentaje a devolver. Con este simple cambio, aducen, se atraería a producciones de mayor impacto más allá de las que lo hacen porque se han enamorado de una localización concreta de nuestro mapa.
Por último, junto a la claridad legislativa y la mejora fiscal, el tercer gran aspecto en el que debe mejorar España es en la profesionalización de la oferta. “Tenemos grandes creativos de todo tipo, pero no se fomenta lo suficiente a este sector”, subraya Carlos Rosado. “Ya se ha avanzado una barbaridad, con momentos incluso de pleno empleo en las empresas de servicios de rodaje”, añade en referencia al impulso experimentado en apenas tres años, desde que se introdujeron los incentivos fiscales, y que él conoce especialmente bien en Andalucía, su tierra de origen. En concreto, según la memoria de actividades de la Andalucía Film Comission correspondiente a 2017, los rodajes tuvieron un impacto económico de 122,5 millones el año pasado y dieron trabajo a casi 22.000 personas en la comunidad.
En Francia, donde en 2017 redoblaron su apuesta por los incentivos fiscales hasta hacerlo uno de los países más atractivos para la inversión extranjera en rodajes, el Gobierno galo ha calculado que se han generado 600 millones de euros extra de actividad con respecto a la que había en 2015 y que se han creado 15.000 puestos de trabajo.
Para España faltan datos. Lo que supone otra de las exigencias de la industria. Que se diga lo que se gasta en ayudas y lo que mueve el cine, la televisión y la publicidad para rodar sus producciones. Lo más parecido a una cifra oficial hay que buscarla en las tablas de Eurostat, en el desagregado por sectores y que no va más allá de 2016. Según la Comisión, en el año 2014 se alcanzó el suelo en nuestro país en cuanto al empleo que generaba el sector de producciones audiovisuales en su conjunto (no solo el de rodajes): 29.869 trabajadores. Después, y una vez introducidos los incentivos fiscales (aunque también en un entorno de recuperación generalizado en la economía), se subió a 31.406 y 32.985 empleos a tiempo completo durante todo el año. Algo similar ocurre si se atiende al dato de número de empresas, que se ha disparado desde las 6.872 a las 7.723 entre 2015 y 2016, o con los beneficios, que han crecido sin interrupción a razón de cien millones de euros al año en los dos últimos ejercicios (ahora en 785). El crecimiento, como el potencial, están ahí. Ahora solo falta que eche a rodar.
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