Madrid, 20 ene.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procedido a embargar los bienes del expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y del ex director general Ildefonso Ortega al no haber abonado la fianza civil de 138,2 millones de euros que les impuso por el agujero causado en la entidad.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el magistrado ha iniciado los trámites para proceder al bloqueo de las propiedades de ambos acusados mediante un proceso de averiguación patrimonial, que concluirá con el embargo de los bienes en el orden que establece la ley hasta alcanzar la totalidad de la cuantía fijada.
El pasado 16 de diciembre, el juez abrió juicio contra Ortega y Moltó por delitos de administración desleal y falseamiento de cuentas, e impuso esta fianza después de que la acusación ejercida por el Banco de Castilla La Mancha, hoy integrado en Liberbank junto con Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, la pidiera en concepto de indemnización.
Ruz considera que esta entidad es la "única posible perjudicada" de las operaciones irregulares investigadas, con lo que sería la beneficiaria en exclusiva de las indemnizaciones que puedan derivarse del procedimiento.
La Fiscalía ya pidió para ambos dos años y medio de prisión, pero solo por el delito de falseamiento de cuentas por emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones.
Sin embargo, no reclamó ninguna responsabilidad civil ni les acusó del delito de administración desleal que sí apreció Ruz.
Mientras, el Banco de Castilla La Mancha y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) elevan sus peticiones a cinco años y medio y cinco años de prisión, respectivamente.
El instructor encontró una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación", con "manifiesto incumplimiento de los estándares normales en la concesión de riesgos", lo que derivó en un "perjuicio económico para la caja".
De ellas ya había advertido el Banco de España en su pericial, en la que encontró "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil".
Se refería a los créditos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia, Residencial Picón, Sersan Integral o Grupo Lábaro, entre otros, por 253,8 millones de euros, siendo la de mayor volumen la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones.
A continuación figuraban dos préstamos de 50 millones cada uno para el empresario Antonio Barco Fernández y para el Grupo de Negocios Urbaja.
"En la práctica totalidad de ellas", decía el juez, se concedieron préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora".
Todo ello "supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos resultaron total o parcialmente impagados y las garantías prestadas resultaron insuficientes para su recuperación", siendo además "muy significativo" que muchos se otorgaron cuando la caja "atravesaba una situación de grandes problemas de liquidez".
CCM fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.
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