Badajoz, 20 mar.- La titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Badajoz Esther Sara Vila decidirá esta semana si decreta el embargo de bienes de la familia Ruiz Mateos para cubrir el déficit patrimonial de Carcesa, valorado en un total de 60 millones de euros, tras el juicio celebrado hoy en Badajoz en el que han testificado sus seis hijos.
Así lo ha explicado la jueza a los medios tras la declaración, de más de tres horas, de los seis hijos de José María Ruiz Mateos, quien, por su parte, no ha testificado. El patriarca ha presentado un parte por enfermedad.
Esther Sara Vila ha comentado que aunque tiene "ya en la cabeza" la decisión, se comunicará en breve a las partes implicadas".
Por su parte, el abogado de la familia, José María Ruiz, ha comentado que en el juicio, al que no han tenido acceso los medios, el representante del Banco Etcheverría ha demostrado que los 54 millones de euros desaparecidos de Carcesa "pasaron a otras cuentas de sociedades del grupo".
En este sentido, ha querido manifestar que "el dinero no se ha sacado en bolsas de deporte, como pudiera entenderse tras las informaciones anteriores a este juicio".
Sin embargo, para el administrador concursal y abogado de Carcesa, Emilio González Bilbao, aún acreditándose que la salida del dinero se realizó para destinarlo a cuentas de empresas del grupo, fue "aparentemente en efectivo", creándose así "una barrera, una opacidad".
José María Ruiz ha dicho que recurrirán si la jueza Esther Sara Vila decreta las medidas cautelares solicitadas por la administración concursal de Carcesa para compensar su déficit patrimonial.
Por su parte, González Bilbao ha comentado que el juicio ha ido "regular" porque no se ha admitido como prueba un documento, al que han tenido acceso tarde, donde se demuestra la titularidad de la familia Ruiz Mateos de todas las sociedades implicadas.
La jueza ha dicho sobre este documento que debe actuar siguiendo el proceso y que la prueba queda excluida si no llega antes del plazo fijado.
El anterior administrador social de la firma, Zoilo Pazos Jiménez, cuya incomparecencia provocó la suspensión del juicio hace dos semanas, ha estado hoy en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz y se le ha tomado declaración.
A mediados del año pasado, la administración concursal de Carcesa vio "indicios" para considerar a la familia Ruiz Mateos culpable de la insolvencia de la firma extremeña, después de detectar que extrajo más de 54 millones de euros en efectivo de cuentas bancarias, sin justificación y con destino desconocido.
El abogado de la familia expropietaria de Carcesa ha dicho que ese dinero fue "pasando" de cuenta a cuenta a las empresas del grupo a las que "hacía falta", sin prever que se verían afectadas por "pérdidas" motivadas, fundamentalmente, por la caída del mercado inmobiliario.
Ruiz considera que es "determinante" la declaración del representante del Banco Etcheverría porque se ha demostrado que el dinero "no salió de esta entidad". EFECOM
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