El Consejo de los Guardianes de la Constitución que aprobó el acuerdo está compuesto a partes iguales por juristas y religiosos, y su rol principal es evaluar la compatibilidad de las leyes votadas con la Carta magna del país y la ley islámica.
Su beneplácito fue otorgado al día siguiente de que el Parlamento votara a favor del acuerdo en medio de un debate crispado, que refleja las divisiones entre sus partidarios y sus opositores ultraconservadores. En el hemiciclo, 161 diputados votaron a favor del proyecto, 59 en contra y se registraron 13 abstenciones.
Concluido el 14 de julio en Viena, tras dos años de negociaciones, este acuerdo abre el camino al levantamiento de las sanciones económicas internacionales impuestas a Irán, a cambio de su compromiso de renunciar a desarrollar el arma atómica y limitar su programa nuclear civil.
Salvo violación por una de las partes firmantes (Irán, Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Alemania) el acuerdo debería aplicarse rápidamente.
Por su parte, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), encargada de investigar el programa nuclear iraní, entregará un informe el 15 de diciembre cuyo objetivo es disipar todas las sombras que aún planean sobre este acuerdo.
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