La plantilla de la Agencia Tributaria se expone a perder en los tribunales de justicia el jugoso plan de incentivos al rendimiento 'ganado' en el diálogo social en 2014 y que el pasado año significó de media un extra de entre de 2.150 y 9.300 euros en función de su categoría profesional para los profesionales del organismo encargado de gestionar la correcta aplicación del sistema fiscal. El asunto puede resultar singularmente gravoso para los inspectores de Hacienda que, según fuentes sindicales, pueden llegar a embolsarse hasta 12.000 euros extra al año gracias al conocido como Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA), que a grandes rasgos permite al personal de la Agencia acceder a un plus salarial a cambio de incrementar sus horas de dedicación (12 horas al año) y contribuir al cumplimiento de determinados objetivos recaudatorios en la lucha contra el fraude.
Hace unas semanas la Audiencia Nacional se convirtió en la tercera instancia en exigir a la Agencia Tributaria que levantara el velo sobre los detalles del Plan, los objetivos asignados a las distintas áreas, administraciones, unidades, equipos y secciones; la vinculación de estos objetivos con el abono de los pagos por productividad; y los criterios que se tienen en cuenta a la hora de ejecutar ese reparto entre las distintas áreas de la Agencia. Antes de la Audiencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y los tribunales económico-administrativos ya habían conminado a la AEAT a hacer lo mismo, pero sin éxito.
La nueva Dirección de la Agencia Tributaria -que se ha encontrado con este problema heredado de la anterior etapa- ya ha comunicado a los sindicatos que recurrirá en casación al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional, pero según fuentes sindicales también les ha advertido de que si el Alto Tribunal mantiene la exigencia planteada en principio por Transparencia y reiterada hace unas semanas por la Audiencia Nacional "estaría en grave riesgo la configuración del Plan Especial tal y como lo conocemos", según se precisa en un acta sindical de la última reunión con el director de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria a la que ha tenido acceso La Información.
Las fuentes consultadas no ocultan su preocupación por el asunto. En estos años el PEIA se ha convertido en un elemento clave de la política laboral de la Agencia Tributaria, no solo porque ha permitido optimizar el potencial de los escasos recursos disponibles para orientarlo a mejorar los resultados de la lucha contra el fraude, sino porque ha operado como un suerte de 'acuerdo de carrera profesional en la sombra', permitiendo a buena parte de la plantilla de la Agencia acceder a una mejora de las retribuciones en un contexto general de congelación salarial en el ámbito de las Administraciones Públicas.
La solución, sin embargo, no ha gozado ni una sola vez de la aprobación general de las centrales sindicales. En unos casos por un supuesto desequilibrio entre categorías y unidades en el reparto de los 'bonus' por productividad, en otros por su no aplicación al personal laboral y últimamente por su presunto efecto inhibidor sobre otras reivindicaciones del personal de la Agencia, como la aplicación del acuerdo de carrera profesional- pendiente desde 2007 -, siempre ha habido sindicatos con peso interno que no han rubricado el Plan.
De hecho la consulta a Transparencia de la Junta de Personal de Valencia que está en el origen de este rosario de resoluciones contrarias a la Dirección de la Agencia Tributaria y en la que se exigía información sobre el detalle de los criterios que habían determinado el reparto de los 'bonus' por productividad vinculados al PEIA en 2015 y 2016 fue respaldado por cuatro de los seis sindicatos representados en el órgano. Fuentes de la Agencia Tributaria conocedoras de los mecanismos de aplicación de este Plan admiten que si bien dos terceras partes se asignan en función de objetivos tasados, alrededor de una tercera parte de los recursos repartidos con cargo a este Plan se reparte "de forma discrecional".
Otras fuentes sindicales consultadas subrayan que la problemática no se centra tanto en el PEIA - donde aseguran que el 75% de los fondos se distribuyen en base a criterios objetivos - como en el reparto de la bolsa general de productividad del personal de la Agencia Tributaria, "donde hay un amplio margen de discrecionalidad cuando no de arbitrariedad", aseguran estas fuentes.
Los argumentos de la Agencia Tributaria para no proporcionar esta información van por dos vías. En primer lugar, se alude a un posible problema de protección de datos personales, ya que la necesidad de detallar el reparto de los premios de productividad obligaría a proporcionar información sobre el desempeño particular de cada uno de los trabajadores acogidos al plan. En segundo lugar, se apela a un choque de ámbitos. La Agencia Tributaria defiende que el PEIA, sus objetivos y sus criterios son un sistema acordado con la mayoría de la representación de los trabajadores y que el valor de ese acuerdo trasciende las obligaciones de transparencia exigidas desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de hacer que la ley en esa materia se cumpla.
El estímulo que necesitaba la lucha contra el fraude
Era el año 2014 y Cristóbal Montoro necesitaba soluciones. Al Gobierno le urgía reducir el déficit público del país de la manera más rápida posible - el año 2013 se había cerrado con un desequilibrio del 7% del PIB - y las medidas implementadas para generar nuevos ingresos -como la polémica amnistía fiscal- no habían surtido el efecto deseado. Hacienda necesitaba recaudación como fuera y dirigió su mirada a la lucha contra el fraude. El panorama no era muy alentador. La recaudación de ese canal se había desplomado un 5% en 2013 y las arcas públicas carecían de los recursos necesarios para reforzar el personal y las herramientas informáticas asignados a estas tareas. Entonces a alguien se le ocurrió una idea: establecer un programa de incentivos para el personal de la lucha contra el fraude, de modo que se les diera a acceso a un apetecible 'bonus' a cambio de echar más horas y, por supuesto, de lograr una serie de objetivos de recaudación.
El plan de 2014 fue un éxito. Después de tres años de congelación salarial, los profesionales de los equipos de la lucha contra el fraude se acogieron al plan de incentivos -de adscripción voluntaria- de forma masiva atraídos por la expectativa de una mejora en sus retribuciones y los resultados no solo respondieron a lo esperado sino que superaron holgadamente las expectativas. Montoro había fijado su aspiración de ingresos extra para ese año en 10.790 millones de euros y los resultados a cierre de año arrojaron un saldo de 12.318 millones.
Al año siguiente, en 2015, los sindicatos ya negociaron la extensión del mismo a todo los funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) y su dotación tuvo que duplicarse. Un año después se dio entrada también al personal laboral hasta extenderse prácticamente a la totalidad de la plantilla de la Agencia: funcionarios y personal laboral.
Desde su creación hasta el año pasado - último ejercicio en que se aplicó el PEIA - la dotación de esta 'retribución variable' vinculada a resultados no ha dejado de crecer, del mismo modo que los objetivos vinculados al Plan, que se han sofisticado desde el simple cumplimiento de una cifra de recaudación global a la consecución de objetivos en ámbitos específicos de la lucha contra el fraude como la persecución de las tramas de IVA o la mejora de la información y la asistencia a los contribuyentes para mejorar los ratios de cumplimiento voluntario de sus obligaciones.
Según los datos avanzados por la Agencia Tributaria a los sindicatos, a los que ha tenido acceso La Información, el pasado año 2018 el 96% de la plantilla de la Agencia Tributaria se adhirió al Plan, obteniendo de media un extra salarial por ello de 3.844,66 euros, frente a los 2.494,11 euros del año 2017, un 54% más.
Pese al revés judicial recibido hace apenas unas semanas la Agencia Tributaria tiene previsto abrir en los próximos días la negociación con los sindicatos para el PEIA de 2019, para el que los sindicatos pretenden consolidar las percepciones fijas asociadas al plan y apuntalarlo como una suerte de complemento retributivo permanente - aunque no consolidable en la nómina - que se cobraría en diez pagos anuales. Todo esto es lo que la Agencia Tributaria se juega en el Tribunal Supremo.
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