Formaliza la primera adenda

Llop amplía su megacontrato con Ineco para dar el gran salto digital al siglo XXI

El acuerdo autorizado en 2019 incluye ahora la primera ampliación, formalizada hace unas semanas, y el presupuesto se eleva a 119 millones. El objetivo es agilizar trámites, evitar papeleo e impulsar la conexión.

Pilar Llop
Justicia amplía su megacontrato con Ineco para dar salto digital al siglo XXI.
Europa Press

La transformación digital se ha convertido en una de las prioridades de la Administración de Justicia y forma parte de los grandes retos recogidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de agilizar trámites, evitar el papeleo, impulsar la conexión de múltiples registros y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Buena parte de la maquinaria judicial todavía está inmersa en el siglo XX y no todos los juzgados, por ejemplo, disponen de expediente judiciales electrónicos y en muchos casos están 'desconectados' entre sí, lo que genera graves problemas de control de asuntos como violencia doméstica, como ha quedado patente en más de una ocasión, la última en la localidad valenciana de Sueca con el asesinato a un menor por parte de su padre que tenía orden de alejamiento.

Las comunidades autónomas tienen asumida la gestión de competencias que sirven de soporte al Poder Judicial y son las encargadas de dotar a los juzgados y tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que ostentan, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero es el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia y de diversos departamentos, quien se encarga de coordinar las labores judiciales de las regiones. Así, la planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal y de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, así como la coordinación de las actuaciones con otras administraciones, recaen en Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia.

Ineco trabaja para que la Justicia prescinda del papel y se adapte a las nuevas tecnologías, un largo camino, del que queda buena parte por recorrer

Apoyándose en estas funciones, el ministerio encargó en 2019 a la mercantil pública de ingeniería y consultoría Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento, el desarrollo de la administración judicial electrónica, la transformación digital de sedes judiciales y las actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Administración de Justicia para que está consiga dar el salto al siglo XXI comprometido con Europa. Lo hizo a través de un encargo valorado en 99 millones de euros, con una duración de 37 meses, que se ha demostrado insuficiente y ha sido ampliado con una adenda, que contempla otros 20 millones, hasta sumar 119 millones, y diez meses más. 

Ineco, que apoya desde 2016 al ministerio que dirige Pilar Llop, trabaja para que la Administración de Justicia prescinda del papel y se adapte a las nuevas tecnologías, un largo camino, del que queda buena parte por recorrer y que, además, no resulta fácil, debido a la gran complejidad de la organización, según reconoce la mercantil, que centra el 80% de su actividad en el sector público. A partir de la premisa de falta de personal y sobre todo de efectivos preparados para hacer posible la digitalización, Justicia delegó en Ineco las labores de control y seguimiento de los servicios TIC, la gestión de una 'Factoría de Desarrollo' para la Administración Judicial Electrónica y otras actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica y la Transformación Digital de las Sedes Judiciales para la Administración Judicial Electrónica.

Las CCAA deciden con que medios dotan sus juzgados y de estos dependen los tiempos de respuesta, con enormes diferencias regionales 

Los datos que periódicamente proporciona el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencian que las respuestas de los tribunales, en cuanto a los tiempos de resolución, son muy diferentes según las comunidades autónomas, que prevén presupuestos dispares para dotarse de medios y efectivos. Baleares es en muchos casos la administración más ineficiente. En los Juzgados de lo Social de las Islas, los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales en asuntos relacionados con despidos se sitúan en 10,6 meses, frente a los apenas 4,4 de Asturias. 

Mientras, en Andalucía, el tiempo de duración de los procesos por accidente de trabajo pueden superar los tres años y solo 4 meses en Asturias. Mientras, los procedimientos de divorcio no consensuados en los juzgados de lo Civil de Castilla-La Mancha tardan 15 meses y medio, y menos de siete en Navarra. En Lo Mercantil, el tiempo medio de resolución es 13,3 meses, pero nuevamente Andalucía y Castilla-La Mancha rebasan el tiempo de respuesta. El tiempo medio de resolución de un concurso de acreedores en Canarias es de 84 meses -siete años- y un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se resuelve en 3,8 meses en la Comunidad Valenciana y en Aragón, en poco más de 20 días.

En España hay 5.635 jueces y magistrados y de estos casi mil están en Andalucía. Además hay 2.553 fiscales -uno de cada seis también está en Andalucía, un porcentaje ligeramente mayor que el de Cataluña- y 4.300 letrados. Sin embargo, el porcentaje más elevado de jueces por cada 100.000 habitantes se da en Asturias y Cantabria. Mientras, la mayor dotación presupuestaria para el área de Justicia la tienen en Andalucía y Cataluña y ha sido la Valenciana la que más ha incrementado esta dotación, un 15%, entre 2019 y 2020. Castilla-La Mancha tiene la tasa de pendencia, el cociente entre los asuntos judiciales pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo, más elevada, mientras Asturias, Aragón y Navarra tienen las más bajas.

Mostrar comentarios