La Audiencia Nacional ha decidido revocar las medidas cautelares impuestas el pasado mes de junio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Correos al objeto de poder fiscalizar de forma permanente la política comercial del operador postal público y, más en concreto, los descuentos que éste ofrece a sus grandes clientes. Considera que el organismo encargado de velar por el adecuado funcionamiento de los mercados no ha valorado de forma suficiente el perjuicio que esas medidas cautelares podían causar a la compañía ni tampoco el eventual impacto que éstas podrían tener sobre el interés general de los ciudadanos, según ha podido saber La Información de fuentes jurídicas.
La resolución de la Audiencia supone un serio revés a la ofensiva que desde hace meses la CNMC sigue contra Correos por un supuesto exceso de agresividad en las ofertas comerciales que la empresa postal propiedad del Estado realiza a los denominados 'grandes clientes', en relación a bancos, empresas de suministros o administraciones públicas, que por la particular naturaleza de su actividad realizan millones de envíos al año y cuyos contratos el operador postal público se adjudica en su gran mayoría.
La CNMC justificó en su día la imposición de estas medidas por que asegura disponer de indicios suficientes, a partir de la información que le han proporcionado los competidores de Correos a través de su patronal Asempre, de que la empresa pública ha ido más allá de los descuentos máximos aplicables a clientes minoristas que le permiten sus tarifas oficiales - validadas por Competencia - cuando ha visto en riesgo un contrato con alguno de sus grandes clientes y de que este 'modus operandi' ha erosionado la capacidad de competir del resto de operadores del mercado postal. A partir de esa valoración, Competencia impuso el pasado mes de junio dos medidas cautelares a Correos: la primera le impedía realizar ofertas comerciales por debajo del descuento máximo previsto en su esquema de tarifas para grandes clientes minoristas; la segunda, para garantizar el cumplimiento de la primera, le obligaba a remitir con carácter trimestral a la Dirección de Competencia de la CNMC todas las ofertas realizadas y todos los contratos formalizados con grandes clientes.
Correos impugnó la maniobra de Competencia. Pidió a la CNMC la revocación de estas medidas y acudió también a la Audiencia Nacional interponiendo un recurso contencioso-administrativo para frenar la aplicación de estas medidas cautelares. Su argumentación se sostiene en que no existe un escenario generalizado de reducción de precios en el mercado postal que justifique la excepcional medida cautelar impuesta por Competencia, sino que bien al contrario una de las cosas que ha hecho la nueva Dirección de Correos es elevar las tarifas que aplica a grandes clientes; y también en que las condiciones impuestos por CNMC impiden a Correos participar en concursos cuyo precio de licitación es inferior al descuento máximo previsto en las tarifas oficiales del operador maniatando la política comercial del principal operador del mercado e incrementando los riesgos de que muchos concursos queden desiertos y, por tanto, de generar distorsiones en el normal funcionamiento del mercado postal.
La Sala de Competencia de la CNMC rechazó la reclamación de Correos el pasado 27 de octubre, pero la Audiencia Nacional sí ha atendido a los argumentos de la empresa presidida por Juan Manuel Serrano. La resolución judicial asume la argumentación de Correos de que Competencia no midió bien los efectos que la aplicación de esas medidas cautelares podrían tener tanto sobre la operativa del principal operador del mercado postal como sobre el funcionamiento de éste en su conjunto y decreta la revocación de las medidas cautelares, que desde este instante dejarán de estar vigentes.
El revés de la Audiencia Nacional a la CNMC es particularmente significativo por cuanto el organismo reconoció en junio que había acelerado la adopción de esas medidas cautelares contra Correos porque entre junio y el final del verano el operador debía renegociar la mayoría de los contratos postales con grandes clientes y que, por tanto, "el retraso de la decisión podría tener un impacto de difícil o imposible reparación" en caso de que de la resolución final del expediente - aún en proceso - se desprendiera que la operativa de Correos es anticompetitiva. "En el caso de que los competidores de Correos no se hicieran con una masa crítica de clientes en la negociación de 2020 podría constituir el punto de inflexión que dificultara su permanencia en el mercado", asegura el expediente.
Un pulso que va para dos años
Competencia puso de forma definitiva en su punto de mira la política de descuentos a grandes clientes de Correos en su preceptiva resolución sobre las tarifas del operador postal público para el segmento del servicio público universal correspondiente a 2019. Su informe consideraba que Correos aplicaba descuentos en los servicios de envíos postales masivos que presta a grandes clientes, como son administraciones públicas y empresas, en los que ofrecía precios "muy por debajo de sus costes" y con descuentos que superan el ahorro de costes que podrían generan esos grandes clientes.
Subrayaba además que se trataba de una cuestión recurrente ya que se había puesto de manifiesto en los últimos cinco informes sobre las tarifas del operador postal público, motivo por el cual anunciaba en enero de 2019 que que investigaría "el posible incumplimiento por parte de Correos de la normativa del servicio postal universal". Apenas diez meses después, en el mes de noviembre, Competencia abría una expedientes sancionador a Correos por aplicar "elevados descuentos" a grandes clientes de correo postal que habrían llevado al operador a registrar ingresos "muy por debajo de sus costes". El último hito de esta escalada fue la adopción el pasado mes de junio de las medidas cautelares contra Correos que ahora la Audiencia Nacional ha decidido suspender.
El asunto no está ni mucho menos cerrado. Correos continúa sosteniendo que hay al menos una parte de ese negocio postal de los grandes clientes que es encuadrable dentro del SPU, ya que los envíos se realizan también a zonas donde el servicio no es rentable, y por tanto estaría dentro del perímetro de actividades potencialmente compensables por el Estado. Por otra parte, el referencial informe de la Autoridad Fiscal sobre el operador postal señalaba la ineficiencia del modelo de descuentos a grandes clientes de Correos, que según la información recabada por Airef aplicaba descuentos medios de hasta el 53% a los grandes clientes y del 43% a pequeñas empresas al tiempo que aplicaba las tarifas estándar sin ventaja alguna a los particulares.
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