La pandemia del coronavirus, que oficialmente comenzó en marzo del año pasado, y que obligó a suspender durante más de tres meses los procesos judiciales, ha contribuido a dar la puntilla a un sistema de Justicia lento, con pocos recursos humanos y materiales y que acumula en sus cajones asuntos trascendentales para los ciudadanos durante meses e incluso años. Según los datos que facilita de forma periódica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el primer trimestre del año acabó con más de 3,1 millones de asuntos pendientes, una cifra prácticamente idéntica a la del último trimestre de 2020 y un 10% mayor que la de finales de 2019, y que evidencia que el desatasco judicial está cada vez más lejos.
Las proyecciones del CGJP para final de año, realizadas para planificar y tomar determinadas decisiones, muestran un agravamiento del colapso, debido en parte a un incremento de nuevas denuncias cercano al 8% con respecto a 2020. Así, estima que diciembre acabará con casi 3,5 millones de asuntos en trámite, 450.000 más que el año pasado -el 10,8%- y un incremento de 700.000 con respecto a 2019. El CGPJ apunta que estas previsiones deben tomarse con cautela debido a las circunstancias imprevisibles generadas por los efectos de la Covid.
También espera, teniendo en cuenta los datos del primer trimestre que ya se conocen, un incremento del 8,3% de los ingresos de asuntos en los Juzgados de lo Social, los encargados de las demandas contra las empresas por despido, reclamaciones de cantidad o impagos, que repercutirá en un aumento de los procedimientos pendientes en este área de más del 17,1%. El fin de los ERTE, los cierres de más empresas y los problemas económicos de cientos de miles de empresas, entre otras razones, estarán detrás este considerable incremento de los pleitos laborales.
Arbitrajes, asuntos hipotecarios, concursos y reclamaciones contra las compañías áreas aumentarán la entrada de expedientes más de un 13%
Mientras, las multas Covid impuestas por las administraciones durante las restricciones; las reclamaciones por denegación de ayudas públicas, muchas relacionadas con los nuevos subsidios de supervivencia; y la disparidad de criterios a la hora de poner en marcha medidas sanitarias excepcionales serán protagonistas en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que tendrán que afrontar un incremento del 17,7% en el número de nuevos expedientes y un 9,3% de la carga de trabajo pendiente.
Por su parte, los juzgados de Lo Civil, que en distintas áreas tratan temas de familia, mercantiles, concursos de acreedores, demandas contra compañías aéreas y agencias de viajes, arbitrajes o asuntos hipotecarios verán incrementados los ingresos de expedientes en un 13,4% y los asuntos en trámite a final de año aumentarán más de un 11,5%, según las proyecciones del órgano de Justicia. Pese a todos, los ingresos de asuntos en los juzgados, frenados por las restricciones que todavía siguen, serán significativamente más bajos que en 2019, 800.000 menos, pero esta reducción de las entradas no se traducirá en un menor número de asuntos pendientes, que aumentarán en 700.000 con respecto a diciembre de hace dos años.
Los arbitrajes telemáticos, con plenas garantías para las partes, no han sido determinantes para agilizar la carga de trabajo en los juzgados y los efectos del Plan de Choque aprobado a mediados del año pasado, con medidas que requieren desarrollo normativo, e impulsado por el anterior titular del Ministerio, Juan Carlos Campo, todavía no se dejan ver. El objetivo de la iniciativa, que en su primera fase se puso en marcha en el tercer cuatrimestre del año, era hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad derivado de la ralentización de la actividad durante la crisis reforzando los órganos judiciales de los órdenes social y mercantil, "con una carga de trabajo superior al 130% del módulo establecido por el CGPJ", según reconocía el ministerio.
Hay un total de 40.000 funcionarios judiciales y 5.300 jueces y magistrados, pero el déficit de la plantilla ronda el 10%, según los sindicatos
Los refuerzos de personal para diferentes instancias empezaron a principio de este año y se contemplaron retribuciones extraordinarias. El objetivo era apoyar a 57 órganos de Lo Social (16%) y 66 juzgados de Lo Mercantil (66%) y la creación de nuevos órganos judiciales. En la actualidad, la plantilla de funcionarios judiciales suma 40.000 efectivos, hay más 5.300 jueces y magistrados, un porcentaje muy elevado al borde la jubilación y solo un 15% con menos de 40 años, y un total 3.800 juzgados y registros.
Los sindicatos siguen reclamando recursos humanos y materiales para paliar una situación que obliga a retrasar las citas judiciales a 2024 y 2025 en algunos juzgados andaluces totalmente saturados y que ha convertido a la Justicia en el servicio público peor valorado. Un 65% de los ciudadanos se considera poco o nada satisfecho con su funcionamiento, según la última encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Mientras, UGT cree que se necesita contratar en torno a 2.000 efectivos más en Justicia, CSIF eleva a 6.000 anuales y Comisiones Obreras apunta que hacen falta varios centenares de jueces y magistrados más. El déficit de plantilla rondaría el 10%.
La diferencia de plazos de respuesta entre los diferentes órganos judiciales y territorios es significativa y el CGPJ señala como factores determinantes la movilidad, la complejidad de los casos, los procedimientos extraordinarios o las reformas procesales, que inciden de forma negativa en los retrasos. Mientras, asuntos como refuerzos de personal en los juzgados o las inversiones influyen de forma importante en la mayor agilidad.
El tiempo medio para resolver un concurso es de 52 meses, los juzgados de Familia se demoran 5,6 meses y un despido tarda en tramitarse 8 meses
Los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales han aumentado en casi todos los ámbitos con la llegada de la pandemia. En los Órganos de la Jurisdicción Civil, los asuntos en la Sala Primera del Tribunal Supremo se demoraban 22,4 meses, frente a los 20 de 2019. Mientras, en las Salas de Lo Civil y Lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que dependen de las comunidades, la duración media se situaba en 4,7 meses. En los juzgados de Primera Instancia el tiempo de tramitación era de 8,8 meses y en los Juzgados de Familia -divorcios, custodias y separaciones-, 5,6 meses. Por su parte, los juzgados de los Mercantil solo en lo referente a concursos tardaban más de cuatro años.
Los juzgados de Lo Contencioso-Administrativo los asuntos se demoraban 9,5 meses y en los Superiores de Justicia, más de 17. En los juzgados de Lo Social, encargados de los conflictos laborales, las resoluciones tardaban de media en 10,7 meses. En el caso de despidos el tiempo medio era de 8 meses, 13 en reclamación de cantidades, 18 en asuntos relacionados con riesgos laborales y enfermedades y 13 en procedimiento de impugnación de actos administrativos.
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