El 14 de marzo concluye la moratoria para que las empresas insolventes se declaren en concurso de acreedores, pero todo indica que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros una nueva prórroga, que, según los expertos, sólo servirá para postergar la avalancha de procedimientos.
En noviembre el Gobierno dio luz verde a un real decreto de medidas económicas que, entre otras cosas, ampliaba hasta este marzo la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, es decir, la moratoria ya existente para que las empresas insolventes declaren concurso de acreedores. Anteriormente, en abril, debido a la pandemia de coronavirus, el Gobierno ya había llevado dicha moratoria hasta el 31 de diciembre, para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil.
Tras la reunión del Consejo de Ministros de noviembre, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó que de lo que se trataba era de "apoyar a las empresas solventes, protegiendo el tejido productivo que hasta ahora se ha mantenido para construir la recuperación económica".
El Ejecutivo no atendió entonces el criterio del Banco de España, que en el documento "Análisis de los procedimientos de insolvencia en España en el contexto de la crisis de la covid-19", publicado pocos días antes, avisaba de que la medida podía repercutir negativamente en la recuperación de la actividad empresarial si se mantiene en el tiempo, al permitir una mayor tasa de supervivencia de empresas no viables.
Está demostrado, señalaba el Banco de España, que las llamadas "empresas zombis" reducen los beneficios del resto de compañías, disminuyen la inversión y el crecimiento del empleo, desincentiva la entrada de nuevas sociedades y provoca una mala asignación de los recursos productivos y pérdidas de productividad. Expertos consultados por Efe advierten sobre algunos de los efectos de esta nueva prórroga, entre los que destaca un incremento nunca visto en el número de procedimientos judiciales.
Colapso judicial
En 2020, el número de empresas que se declararon en concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- fue de 4.097, un 14,4% menos que un año antes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero algunos expertos creen que el descenso no refleja la situación real del tejido empresarial español, y hay quien atribuye un carácter "sesgado" a estos datos, debido a la moratoria, como indica el profesor de EAE Business School Carlos Higueras.
Higueras sostiene que es muy previsible que a partir de la segunda mitad de 2021 y en 2022 haya un aumento significativo, "un tsunami" del número de concurso de acreedores, que "con mucha probabilidad van a colapsar los juzgados de lo mercantil".
El INE destacaba en su recopilación de datos de 2020 que únicamente las empresas del sector de la hostelería registraron un aumento de la cifra de concursos del 35,6%, tendencia que se ha agudizado en lo que va de año. Según los datos recogidos por Informa D&B, compañía filial de CESCE, los concursos en el sector de la hostelería se han disparado un 173% entre enero y febrero, con 104 nuevos procedimientos en el segundo mes del año.
Para el conjunto de actividades económicas, el número de procedimientos declarados en febrero fue un 36% superior al de enero, pese a que, como señala la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, las cifras "todavía se contienen por la moratoria en el plazo".
El Consejo General de Economistas, por su parte, prevé que en 2021 España se sitúe en cabeza del índice de insolvencias de las empresas en la UE, con un aumento del 41% en comparación con 2019, y sólo será superada por el Reino Unido, con un 43%.
La caída en el número de concursos registrada durante algunos meses de 2020 "es un espejismo y muy reducida", según el secretario técnico del Registro de Economistas Forenses (REFOR) y órgano especializado en materia de insolvencias, Alberto Velasco.
Desde el bufete Cuatrecasas, la abogada Fedra Valencia, especialista en procedimientos concursales, se remite a la advertencia del Banco de España sobre la supervivencia de empresas "zombis", además de prever un colapso en los juzgados por la avalancha de procedimientos.
Las sucesivas prórrogas, señala la abogada, habrán servido para aplazar en el tiempo una avalancha inevitable, que será mayor cuanto más se aplace la vuelta a la normalidad. En su opinión, la mejor opción son las ayudas directas, como las anunciadas hace pocos días por el Gobierno por un importe de 11.000 millones de euros.
