Un año y pico de trabajo a destajo, decenas de millones de datos gestionados y un esfuerzo titánico para sistematizar una información que llegaba de forma no homologable con el objetivo de evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas activas de empleo han conducido a la Autoridad Fiscal a una conclusión inquietante: a partir de la información disponible no es posible saber cuál es la cuantía exacta que las Administraciones Públicas gastan en intentar colocar en el mercado de trabajo a los más de tres millones de parados que hay en España.
La Autoridad Fiscal estima que esa cantidad se sitúa en una horquilla de entre 6.100 y 6.500 millones de euros, pero advierte de que los canales por los que discurren esos recursos desde que salen de las arcas del Ministerio de Trabajo hasta que se aplican de forma efectiva por organismos de las comunidades autónomas y corporaciones locales son tan complejos y tan difíciles de seguir que es imposible realizar una trazabilidad que permita acreditar el gasto concreto que se ha realizado en un año específico.
Esa dispersión explica también por qué Airef cuestiona la eficacia real de ese millonario gasto público. Si no sabe dónde se aplica y cómo, difícil saber su incidencia real en la inserción de los desempleados. El organismo ha mirado hacia otros países para estimar la eficacia de ese gasto y lo que ha visto no le ha terminado de convencer.
Primera conclusión. España gasta una cuantía similar que países comparables como Francia o Italia en políticas activas, pero su gasto por parado es lógicamente muy inferior por el volumen de desempleados que hay en España. Además, la Administración española gasta distinto y al parecer no necesariamente mejor.
El 40% del gasto en políticas activas va a incentivos a la contratación para las empresas, una cantidad excesiva a juicio de la Autoridad Fiscal porque no está acreditado que mejore la inserción laboral de los desempleados y porque otros países como Alemania dedican menos recursos a esto y son mucho más eficientes a la hora de colocar a sus parados. En realidad, la Autoridad Fiscal señala como la política más eficiente la orientación laboral, que solo significa el 15% del gasto.
La insoportable ineficacia del subsidio
El informe de la Autoridad Fiscal también cuestiona también una de las acciones troncales de las políticas de empleo de los gobiernos en España: los subsidios a desempleados.
Los técnicos del organismo han puesto bajo el microscopio el Plan Prepara, cuyo objetivo era aprovechar la financiación europea para favorecer la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas de larga duración, y se han encontrado con que los cerca de 1.500 millones distribuidos entre 2012 y 2017 a unos 850.000 beneficiarios lejos de servir para mejorar su empleabilidad, han deteriorado sus opciones de inserción laboral frente a los que no han entrado en ese programa.
En ese análisis, la Autoridad Fiscal ha detectado las diferencias entre autonomías que se aprecian en la eficacia de todas las políticas activas. En Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco sí se apreciaron efectos positivos de esa política, pero es que esas autonomías ya figuran como especialmente eficaces en la foto general, frente a los casos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Cantabria que aparecen como las menos eficientes.
Lo que propone Airef es que los fondos destinados a políticas activas que el SEPE distribuye entre las CCAS empiecen a distribuirse con criterios de eficiencia, premiando a las autonomías que encuentran trabajo a más gente y penalizando a las que no lo consiguen. Y no solo eso, el informe plantea poner a competir a los Servicios de Empleo -como planteó el equipo de Fátima Báñez hace un par de años sin gran éxito con las CCAA- de modo que se incentive vía premios de productividad a las oficinas que se muestran más eficaces en cumplir sus objetivos.
Ante este panorama, Airef plantea una revisión total de las políticas activas de empleo, que parta de sistematizar la información disponible, para poder evaluar después el éxito de cada iniciativa y estrategia de empleo, y que vincule de forma irrevocable la asignación de recursos al éxito de esas políticas.
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