La apm ve “lógico” que la jueza alaya amplíe el caso de los ere a las grandes empresas públicas de andalucía


La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) defendió este miércoles que la juez Mercedes Alaya actúa con “rigor”, dado que “existen marcadores de un delito que tienen que ser indagados”, y aseguró que es “lógico” que amplíe el caso de los ERE a las grandes empresas públicas de Andalucía.
En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la APM, Pablo Llanera, se expresó en estos términos después de que el Gobierno de Susana Díaz haya presentado sendos recursos de apelación contra los dos últimos autos de la juez Alaya, a quien el Ejecutivo autonómico acusa de instruir una “causa general” a modo de “investigación prospectiva”.
Según Llanera, si a lo largo de la investigación que está realizando la juez Alaya “se percibe que pueden haber sido muchos y diversos instrumentos los utilizados para esa desviación, es lógico que aborde la indagación de todos ellos”.
A este respecto, el portavoz de la APM insistió en que la juez instructora del caso de los ERE “no está investigando hechos distintos ni imprecisos”, sino que “sigue investigando malversación de caudales púbicos”, si bien ahora extiende la supervisión de otros instrumentos que han podido ser utilizados en la comisión de ese delito.
NO ES UNA "CAUSA GENERAL"
Por ello, apuntó que, “por lo que sabemos” y “por lo que se ha ido dando cuenta de la instrucción”, “parece” que la juez Alaya no está instruyendo una “causa general” a modo de “investigación prospectiva”, tal y como apunta el Ejecutivo andaluz.
“Está actuando con rigor y porque existen marcadores de un delito que tienen que ser indagados”, dijo el representante de este colectivo de jueces con respecto a la labor que está desempeñando la juez Alaya.
No obstante, reconoció que la investigación de la magistrada, al centrarse en la actividad de determinados sectores de la Junta, puede generar “incomodidad” dentro del propio Gobierno autonómico. Por ello, dijo que los comentarios que se hacen desde el Ejecutivo “es seguro que responden a que la investigación no les resulta de su agrado”.

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