La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado hoy una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el recorte salarial a los empleados de la Fábrica de Moneda y Timbre, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.
El Tribunal entiende que se han podido vulnerar los derechos de libertad sindical, negociación colectiva e igualdad de 1.700 empleados públicos.
La Sala deja claro que el régimen de los funcionarios es diferente. Con esta decisión, se da un paso adelante en la guerra que han planteado los sindicatos al Gobierno en los tribunales contra el tijeretazo.
El pasado mes de julio, la Audiencia ya admitió a trámite el recurso que interpuso CCOO contra el recorte salarial de los empleados públicos, con el que el sindicato pretende que "se restablezcan los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos a la situación anterior a esa decisión gubernativa de confiscación de sus salarios".
En concreto, el recurso busca paralizar la reducción de las nóminas de los funcionarios y empleados públicos, que se modificaron el pasado 1 de junio con arreglo a la rebaja de entre el 0,56% y el 7% acordada por el Consejo de Ministros del 20 de mayo, dentro de un paquete de medidas para ajustar el déficit público.
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