El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la actual dirección de Caja Castilla La Mancha (CCM) las actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva en la que se aprobaron una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares que, según un informe pericial del Banco de España, pudieron causar a la entidad un agujero de 267 millones de euros.
Así consta en un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que reactiva de esta forma la causa judicial abierta en diciembre de 2010 contra el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega, por delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.
El magistrado, que ha dictado esta diligencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción, solicita información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.
Todas ellas, según el informe elaborado por los peritos inspectores del Banco de España, Eugenio Alejandre y José Luis Margareto, podrían ser "contrarias a la normativa bancaria y mercantil", por lo que su aprobación podría haber causado un "perjuicio" a la entidad financiera.
El informe pericial del Banco de España detalla una veintena de operaciones irregulares realizadas antes de la intervención, que causaron un perjuicio a la entidad de 267 millones de euros. No obstante, los dos exdirectivos imputados no se enriquecieron personalmente durante su gestión, según un informe de la Fiscalía que fue presentado al juez en noviembre de 2011.Dos años de investigación
Ruz, que comenzó a investigar estos hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en representación del PP, considera que el rescate evidenció "de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil", así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una "generalidad de personas" afectadas por el "perjuicio patrimonial", como son "los depositantes y los acreedores" de la caja de ahorros.
El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.
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