La Plataforma en Protección del Guadiana Menor engloba a habitantes de ocho municipios de Granada y Jaén que se oponen al proyecto de la granja de cerdos más grande de Europa, que proyecta la sociedad Vagido Alto. Una explotación para el engorde de 125.000 cerdos al año que tramita el Ayuntamiento de Dehesas de Guadix (Granada), de 419 habitantes. El proyecto contempla un consumo de agua de 237.482 metros cúbicos por año, correspondiente al consumo doméstico de más de 3.000 habitantes, en una zona subdesértica; se van a producir 126.000 metros cúbicos de purines al año, que podría afectar a los acuíferos y al Guadiana Menor. Además, desde la plataforma advierten que el vertido de los purines, los olores provocados por las enorme emisiones de amoniaco que generan estas explotaciones porcinas y la proliferación de insectos, van a afectar fuertemente a las poblaciones vecinas, sobre todo a Cuevas del Campo, que se encuentra a tres kilómetros de distancia.
Dicen quienes se oponen al proyecto que todos estos problemas "podrían parecer asumibles" si hubiera un gran beneficio social, "pero lo único que ofrece la empresa son 11 puestos de trabajo y no muy bien pagados (12.000 euros anuales)". Es "una burbuja", la de las granjas de cerdos que crecen como la espuma en España alentadas por la exportación a China, "como la del ladrillo, pero peor, ya que esta nos dejará sin agua ni tierras limpias donde poder cultivar, una condena a muerte lenta y silenciosa", aseguran desde la Plataforma.
Pero no solo es Dehesas de Guadix, Huesa, Cuevas del Campo o Baza. Huércal-Overa (Almería), Gamonal, Retamoso de la Jara, Los Cerralbos, Malpica de Tajo, Guadamur (Toledo), Priego, Torrejoncillo del Rey, Villanueva de la Jara (Cuenca), Pozuelo, Montealegre (Albacete), Faramontanos, Carbajales de Alba (Zamora), Riofrío de Llano, Cincovillas, Brihuega, Luzón o Querencia (Guadalajara)… Todos estos pueblos tienen varias cosas en común. Una, la que salta a primera vista, es que la mayoría pertenecen a la denominada España vacía; otra, que todas estas localidades se han alzado en pie de guerra contra la instalación de macrogranjas de cerdos en su territorio e incluso, en buena parte, han logrado paralizar o retrasar su construcción. Incluso, en un municipio como Chumillas (Cuenca), que desde hace 10 años lleva adelante su particular y exitosa cruzada contra la despoblación que le ha llevado a duplicar su número de habitantes, el alcalde, Pedro Rubio, es claro: "Aquí no queremos macrogranjas de cerdos".
Curiosamente, la Administración autonómica castellano-manchega, del mismo color político que el alcalde de Chumillas, declaró en 2016 al porcino sector estratégico hasta el punto de subvencionar a cada explotación con un máximo de 127.000 euros a este tipo de ganadería intensiva. Así, con otras zonas de España, como Cataluña o Aragón, saturadas ya de ‘población porcina’, pues no en vano entre ambas comunidades acogen al 50% de la cabaña, Castilla-La Mancha se ha convertido en el centro de la ya denominada 'burbuja del porcino’ con la petición de instalación de decenas de macrogranjas, pero el fenómeno se ha extendido también a otras regiones como Castilla y León, sobre todo las provincias de Soria y Zamora, o Andalucía, sobre todo en Almería.
Y desde estas zonas ha surgido la contestación de los pueblos, que hablan de los "desastres medioambientales" –emisión de gases de efecto invernadero como el metano, contaminación de acuíferos por nitratos por efecto de los purines que generan las explotaciones, malos olores…-, que generan las macrogranjas en las zonas en las que están instaladas, que no son compensadas ni siquiera por la riqueza o el empleo que generan "porque una macrogranja de 2.000 cerdos puede ser llevada por una o dos personas", aseguran desde la coordinadora estatal #Stopmacrogranjas, una de las plataformas, junto a Stop Ganadería Industrial, que se ha creado en España en los últimos meses, con ramificaciones en decenas de pueblos de toda España.
Y es que en nuestro país ya hay más cerdos que habitantes: se sacrifican 50 millones al año y hay 46,5 millones de ciudadanos según el último censo. España, impulsada en buena parte por el crecimiento del consumo en China, a donde se destina el 50% de nuestras exportaciones de porcino, se ha convertido en el tercer productor mundial de cerdos, tras la propia China y Estados Unidos. El censo es de 30 millones de cerdos y 2,5 millones de madres reproductoras, que en dos ciclos de engorde al año generan que en los mataderos se sacrifiquen 50 millones de cerdos. Según se afirma en el propio sector, "el porcino español vive tiempos de expansión y continuo crecimiento en los últimos años y durante el año 2017 se alcanzó una cifra de negocio 'récord' de 15.000 millones de euros, en gran parte debido al incremento de ventas al exterior, que alcanzó los 5.000 millones, doble que en 2008”.
La industria del porcino genera 300.000 empleos directos y es el sector ganadero más importante, con un 14% de la producción final agraria, el 36,4% de la producción final ganadera y el 14% del PIB industrial ganadero. Pero este "momento dulce" del sector porcino español y su espectacular crecimiento en los últimos años genera "incomodidades" en los lugares en los que se instalan las granjas. Unas granjas que cada vez son más grandes porque pese a este exponencial crecimiento de la producción y las exportaciones, el número de explotaciones ha pasado de 100.000 a 80.000 en apenas 10 años. Es el modelo de las macrogranjas.
Los pueblos se rebelan contra las macrogranjas, pero las administraciones autonómicas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón o, al menos hasta ahora, Andalucía, las potencian y las defienden como generadoras de riqueza, empleo y fijación de población en el medio rural, aunque sus políticas, quizás por la presión vecinal, comienzan a ser más restrictivas. El propio sector, como la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl) asegura que sus actividades "cumplen las estrictas leyes sociosanitarias" y aboga por un "crecimiento ordenado del sector", pero apoya la instalación de macrogranjas de más de 2.000 cabezas porque suponen "un fuente de riqueza y fijación de la población" en un territorio tan despoblado como Castilla y León, donde hay unas 4.700 explotaciones de cerdos y más de cuatro millones de animales, con un incremento del 22% desde 2013.
En Huércal-Overa (Almería) viven 18.500 personas y en su término municipal y alrededores hay granjas porcinas en las que se crían 800.000 cerdos. Ante los proyectos de instalar algunas más, la población se ha organizado en la plataforma Stop Macrogranjas Porcinas en Huércal Overa, bajo el lema: "Ya tenemos 800.000 cerdos y no queremos ni uno más". Ginés García, miembro de esta plataforma, comenta que "la saturación de macrogranjas en nuestro pueblo no hay quien la sostenga, ni por agua, ni por olores, ni por contaminación. La situación clama al cielo", explica. “Una explotación de 6.000 cerdos aparece catalogada en el grupo B de actividades potencialmente contaminantes según la legislación española. Por lo tanto, saturar el municipio es condenarlo a la contaminación", dicen.
Pero la ‘zona cero’ de las macrogranjas, o del intento de instalarlas, se ha producido en Castilla-La Mancha. Y allí surgió el movimiento Stop Macrogranjas Pueblos Vivos. Albacete, Guadalajara, Toledo… Pero sobre todo Cuenca. En la actualidad, las explotaciones porcinas cuentan en la provincia, de apenas 200.000 habitantes, con 429.000 cabezas de ganado, que consumen anualmente 1,44 millones de metros cúbicos de agua y generan 0,91 millones de m3 de purines. A finales de 2019 los cerdos serán 552.000 y si se llevan adelante los proyectos de macrogranjas presentados, sólo en Cuenca habrá 2 millones de cerdos en 2028, un 366% más que en la actualidad, que consumirán 6,7 millones de metros cúbicos de agua, el volumen anual del trasvase Tajo-Segura, y generarán 4,3 millones de metros cúbicos de purines. "Estamos en medio de la burbuja del porcino porque India y, sobre todo, China, han encontrado en España un lugar donde se produce carne de cerdo a precios bajos, pero cuando encuentren otro lugar donde puedan comprar más barato dejarán de comprar carne de cerdo española", explica Daniel González de la Plataforma Pueblos Vivos.
Explica la plataforma que ésta es "un tipo de industria perjudicial para el territorio por el gran consumo de agua y por el grave impacto que los residuos de estas granjas, los purines, causan en las tierras agrícolas, acuíferos y entornos naturales, al filtrarse los nitratos de forma masiva, además de los pestilentes olores que generan. Por ejemplo, el metano producido por estas explotaciones tiene 25 veces mayor efecto invernadero que el dióxido de carbono".
La polémica sobre las macrogranjas porcinas también se da unas decenas de kilómetros al norte de Cuenca, en Soria. La cría de cerdos es una de las industrias de la que vive la comarca del Moncayo, con miles de cabezas en su cabaña. Pero la Confederación Hidrográfica del Ebro ya alertó en su día sobre los vertidos de purines y el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y el mal estado del embalse de El Val. Así, el Ayuntamiento de Ólvega, dirigido por el alcalde Gerardo Martínez (PP), comenzó desde hace unos meses a frenar los permisos de implantación de granjas al entender que había "sobrepoblación", hay unas 15 explotaciones en su entorno, mientras que el municipio de Ágreda, distante apenas unos kilómetros, y presidido por el alcalde y senador del PSOE, Jesús Manuel Alonso, apoya todas las licencias de granjas que cuenten con la autorización ambiental de la Junta de Castilla y León "porque esta industria es un motor económico de la zona y de Soria entera".
El pasado 25 de octubre, el Ayuntamiento de Ólvega informó a sus vecinos de Muro de Ágreda, pedanía de aquél municipio, de que el agua que salía de sus grifos no era potable al sobrepasar el límite de 50 miligramos de nitratos por litro. Se convertía en el primer pueblo del Moncayo con agua no potable. "Y como la contaminación de las aguas no entiende de límites administrativos", explican en Ecologistas en Acción, "Muro de Ágreda se ve afectado también por las granjas de los pueblos limítrofes. Al respecto el alcalde de Ágreda defiende a ultranza al sector porcino. Y en los pueblos vecinos de Castilruiz, Matalebreras y Añavieja, también con altas tasas de nitratos, siguen ampliando y autorizando nuevas granjas".
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