La CE examinará la denuncia contra España por la venta de preferentes

Bruselas, 31 jul.- La Comisión Europea (CE) examinará la denuncia que un despacho de abogados español presentó contra España por considerar que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no han vigilado de manera adecuada los abusos en el sector bancario, como la venta de preferentes.

En una carta remitida al despacho de abogados Navas & Cursí a la que Efe tuvo hoy acceso, la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la CE confirma que ha registrado la denuncia presentada a fines de mayo pasado e indica que ésta "será examinada" a la luz del derecho de la Unión Europea (UE).

Además, explica que el registro en los servicios de la CE de la denuncia de Navas & Cursí "no implica necesariamente el inicio de un procedimiento de infracción" contra España por parte de Bruselas.

El pasado 30 de mayo, el abogado del despacho barcelonés Juan Ignacio Navas viajó a Bruselas para presentar ante la CE la denuncia contra el Estado español por responsabilidad "in vigilando" del Banco de España y la CNMV ante presuntas malas praxis bancarias, como la comercialización de las preferentes, las cláusulas suelo, los swaps (permutas financieras) y las hipotecas multidivisa.

El 26 de junio el Banco de España emplazó a las entidades a revisar sus cláusulas suelo, que impiden a los clientes beneficiarse de determinadas rebajas del euríbor, a raíz de que el Tribunal Supremo declarara nulas en una sentencia dictada el 9 de mayo todas las que no cumplieran con los requisitos de transparencia.

Por otro lado, el pasado día 25 el ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró que unos 45.000 clientes de las nacionalizadas Bankia, NCG y CatalunyaCaixa, tenedores de preferentes y deuda subordinada, se han beneficiado del arbitraje y recuperado su inversión al recibir laudos favorables.

La CE afirma en su carta que se esforzará por examinar la denuncia "lo más rápidamente posible".

También agrega que la complejidad de la misma y la cantidad de documentos entregados requieren un estudio más detenido que dificulta a los servicios comunitarios darles a los letrados una pronta respuesta.

Igualmente señala que el utilizar las vías de recurso disponibles a nivel nacional permite por lo general invocar los derechos de manera más directa y personalizada, y en el caso de daños y perjuicios solo los órganos jurisdiccionales nacionales podrán conceder la reparación del Estado español.

Asimismo, indica que, dado que los recursos nacionales están limitados en el tiempo, se corre el riesgo de perder los derechos de uno a nivel nacional si no se ejercen rápidamente.

En su denuncia, el bufete de abogados acusa a España de haber aplicado tarde y de manera incorrecta la directiva europea sobre Instrumentos Financieros en los Mercados (MiFID, en inglés) y la normativa sobre protección de los consumidores.

Navas señaló entonces en Bruselas que en muchos casos de comercialización de productos financieros no se practicaron los test de idoneidad o de conveniencia o fueron defectuosos.

En su opinión España incumplió la legislación europea al permitir que las entidades bancarias introdujesen cláusulas suelo-techo abusivas en las hipotecas sin posibilidades de negociación para el consumidor.

El despacho solicita a la CE que requiera a España establecer mecanismos de corrección para proteger a los consumidores.

La firma jurídica confía asimismo en que a raíz de la denuncia las entidades financieras y las de intermediación respeten el Derecho comunitario, lo que permitiría a los tribunales españoles contar con un elemento decisivo a la hora de enjuiciar los perjuicios ocasionados por la mala praxis bancaria.

Las dos normativas a las que hace referencia debían haberse trasladado a la legislación nacional en 2004, pero esto no ocurrió hasta 2007 y además de manera incompleta, según Navas.

Si la CE decide seguir adelante con esta causa podría llegar en última instancia al Tribunal de Justicia de la UE.