La CE lleva a España a Tribunal de Justicia por incumplir protección puertos

  • La Comisión Europea (CE) anunció hoy que ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por no haber adoptado aún la normativa comunitaria relativa al refuerzo de la protección marítima frente a atentados y terrorismo en veinte de sus puertos.

Bruselas, 25 sep.- La Comisión Europea (CE) anunció hoy que ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por no haber adoptado aún la normativa comunitaria relativa al refuerzo de la protección marítima frente a atentados y terrorismo en veinte de sus puertos.

La CE indicó en un comunicado que, desde junio de 2007, fecha de transposición de la directiva sobre la mejora de la protección portuaria de 2005, ha realizado inspecciones regulares para comprobar la aplicación de un "plan de protección portuaria" que garantiza un nivel elevado y homogéneo de seguridad en los puertos europeos.

Tal y como recordó, el objetivo principal de la política de protección portuaria europea es "implantar medidas de protección en el eslabón marítimo de la cadena logística del transporte, tanto a nivel de buques como de instalaciones portuarias, contra los riesgos de atentados y terrorismo".

Tras llevar a cabo esas inspecciones, la Comisión exigió a los Estados miembros con más "retraso" en la transposición de esta legislación, entre ellos España, que elaborasen planes de acción nacionales con fechas límite precisas para las realización de las evaluaciones y los planes de protección portuaria.

La CE explicó que las autoridades españolas se han comprometido a realizar, en colaboración con las diferentes autoridades nacionales y locales afectadas, "un plan de acción destinado a lograr, dentro de unos plazos razonables, la aplicación de lo dispuesto en la directiva en todos los puertos españoles".

En cambio, a pesar de haberse desarrollado "un trabajo importante", Bruselas señaló que "no ha podido respetarse el plazo que se había fijado para finales de 2013" y que las autoridades españolas "siguen aún sin adoptar una veintena de planes de protección portuaria".

Por ese motivo, el Ejecutivo comunitario decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia europeo, con sede en Luxemburgo.

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