La CE propone reformar la supervisión financiera en la UE para prevenir la crisis

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) propuso hoy una revisión a fondo de los mecanismos de supervisión financiera en la Unión Europea (UE) para adaptarse a la creciente internacionalización del sector y mejorar la respuesta ante hipotéticas crisis.

El Ejecutivo de la UE presentó un conjunto de iniciativas legislativas con las que pretende resolver los fallos detectados en la actual crisis y garantizar que, en los Veintisiete, se aplican las mismas reglas y principios a la hora de vigilar a las entidades financieras.

Según el presidente de la CE, el portugués José Manuel Durao Barroso, "nuestro objetivo es proteger a los contribuyentes europeos de lo sucedido el año pasado, cuando los Gobiernos tuvieron que inyectar a la banca miles de millones de euros" y también servir de inspiración para la reforma financiera global.

Bruselas sigue adelante con sus planes de poner en marcha varios nuevos organismos paneuropeos, responsables de preservar la estabilidad del sistema financiero e identificar posibles amenazas y de potenciar la coordinación entre las autoridades nacionales de supervisión.

Aunque los Estados miembros ya dieron su respaldo en junio pasado a la estructura planteada por la Comisión, ahora comenzará la discusión en detalle -también con el Parlamento Europeo (PE)- sobre su puesta en práctica y sobre las competencias y composición de los nuevos órganos.

Se trata del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (ESRB en inglés), encargado de analizar toda la información macroeconómica disponible y de emitir alertas y recomendaciones a los Estados miembros afectados, en caso de detectar riesgos.

Los receptores de la advertencia tendrán que comunicar las medidas adoptadas y, en caso de decidir no hacerlo, deberán dar explicaciones.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el español Joaquín Almunia, restó importancia al hecho de que las recomendaciones del ESRB no sean estrictamente vinculantes y se mostró convencido de que los países las seguirán, por las consecuencias que tendría no hacerlo y por la presión del resto de socios.

Para la puesta en marcha de este organismo, se partirá de la estructura del Banco Central Europeo (BCE), que controlará el Secretariado y en el que también estarán representados los bancos centrales de los veintisiete Estados miembros.

En cuanto a la designación del presidente -un tema que preocupa especialmente al Reino Unido, que se resiste a dar demasiado poder al BCE-, será tarea de la cúpula del órgano, en la que se sentarán los gobernadores de los bancos centrales, el presidente y vicepresidente del BCE, un representante de la CE y los presidentes de las tres nuevas autoridades de supervisión.

Los supervisores nacionales y el presidente del Comité Económico y Financiero de la UE también estarán representados, pero sin derecho a voto.

La otra gran novedad que propone la CE es el establecimiento de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros (ESFS en inglés), una red compuesta por los organismos nacionales de supervisión y tres nuevas autoridades comunitarias especializadas en banca, bolsa y seguros.

Para crear las tres autoridades, se partirá de los actuales comités europeos de supervisores bancarios (CEBS), bursátiles (CESR) y de seguros (CEIOPS), a los que se darán nuevas competencias.

En concreto, se encargarán de proponer estándares técnicos de supervisión y garantizar una aplicación homogénea de las reglas en toda la UE, promover la cooperación entre los supervisores nacionales y dirimir desacuerdos entre ellos -por ejemplo, en caso de problemas en una entidad con actividad trasnacional-, así como de supervisar a las agencias de calificación de riesgos.

La supervisión diaria de las entidades financieras seguirá siendo responsabilidad de los organismos nacionales, pero también se prevé la creación de equipos de supervisores para vigilar a las que operan en más de un país.

La propuesta de la Comisión precisa que las autoridades europeas de supervisión no podrán tomar decisiones que tengan consecuencias presupuestarias para los Estados miembros -una salvaguarda exigida por el Reino Unido, que se niega a ceder a un órgano supranacional la última palabra, por ejemplo, sobre ayudas públicas a entidades-.

El objetivo es que esta nueva estructura de supervisión comunitaria esté operativa ya en 2010, lo que requerirá una fluida tramitación tanto en el Consejo de la UE como en la Eurocámara.