Fumata blanca en la CEOE. Los empresarios, reunidos en Comité Ejecutivo extraordinario en la noche de este lunes, han apoyado la propuesta del Gobierno para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero, al arrancar mejoras en las condiciones para las empresas, tal y como confirman fuentes de la organización empresarial a La Información. Al mismo tiempo, desde los ministerios de Trabajo y Seguridad Social han confirmado el acuerdo tripartito.
El acuerdo ha pendido de un hilo hasta el último momento. Fuentes conocedoras de los vericuetos de las negociaciones revelan que el acuerdo se ha producido tras un plante final de la CEOE, al pretender el ministerio de Seguridad Social "dejar fuera" a los autónomos, que finalmente mantendrán la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 28 de febrero. Y además se ha dado gracias a la implicación directa en la negociación del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en las últimas horas.
"Los empresarios españoles valoramos positivamente la ampliación del plazo que habíamos solicitado y que protege, así, a las empresas españolas en ERTE para que puedan llegar a la campaña de Semana Santa esperemos que en un contexto de normalidad", ha expresado la organización empresarial en un comunicado al filo de las once de la noche. "Valoramos de manera positiva el trato a la formación en este acuerdo, que avala el compromiso de las organizaciones con los trabajadores para garantizar su empleabilidad", añaden desde la CEOE.
La prórroga se llevará a cabo en dos fases: se mantendrán las condiciones actuales durante el mes de octubre y a partir de entonces se aplicará el nuevo esquema, que estará vigente hasta el 28 de febrero de 2022. La ampliación de un mes respecto a prórrogas anteriores responde a una petición tanto de los sindicatos como de la patronal, que además han conseguido arrancar a la Seguridad Social mayores exoneraciones, que a partir de noviembre estarán vinculadas a la formación de los trabajadores en ERTE por parte de las empresas, que obtendrán descuentos más importantes en las cotizaciones si llevan a cabo estas acciones formativas.
En concreto, según detallan fuentes del diálogo social, las empresas de más de 10 trabajadores tendrán un 40% de exoneración en el caso de que no impartan formación y un 80% si forman a sus trabajadores en ERTE. Mientras, las compañías más pequeñas, de menos de 10 empleados, tendrán exoneraciones del 50% si no forman a su plantilla y del 80% si llevan a cabo acciones formativas. Estos porcentajes mejoran la anterior oferta del Ministerio de Seguridad Social, que adelantó La Información.
Desde Trabajo y Seguridad Social explican, en una nota conjunta, que "para facilitar la transición de los ERTE, el modelo actual seguirá vigente durante el mes de octubre". Los ministerios añaden que, "en esta ocasión, el mecanismo de los ERTE pone el foco en la formación como paso fundamental para incrementar la capacitación de las personas trabajadoras y mejorar su empleabilidad". Así, "a partir del 1 de noviembre, estarán vigentes las nuevas modalidades, con mayores exenciones en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que realicen acciones formativas", que "deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022".
Los ministerios también informan de que los ERTE seguirán contando con las cláusulas de protección, como, entre otras, el llamado contador a cero, que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2022, o la cláusula de mantenimiento del empleo. También las limitaciones a la subcontratación, a la realización de horas extraordinarias o los límites relacionados con el reparto de dividendos y el acceso a estas ayudas por parte de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Se reconoce, además, una prestación extraordinaria por desempleo para para los trabajadores fijos discontinuos.
En paralelo, el Gobierno también ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
Respecto a la formación, que es la principal novedad en esta prórroga, los beneficios asociados a las cotizaciones sociales no empezarán a aplicar hasta el mes de noviembre. A partir de ese momento, las empresas de entre 10 y 49 trabajadores deberán aplicar un mínimo de 30 horas por trabajador en acciones formativas, cantidad que asciende a 40 horas en empresas empleadoras de más de 50 trabajadores. Asimismo, se vinculan las actividades formativas con un incremento de crédito para la financiación en el ámbito de la formación programada, que podrá alcanzar los 320 euros.
Por su parte, las asociaciones de trabajadores autónomos han alcanzado un preacuerdo con el Gobierno para extender la prestación por cese de actividad, manteniendo la prestación extraordinaria hasta el 28 de febrero (fecha que coincide con el horizonte para los ERTE). Además, el Gobierno pondrá en marcha una prestación extra de cuatro meses para los autónomos afectados por la erupción volcánica de La Palma.
Desde la CEOE señalan que el acuerdo contempla también la posibilidad de realizar unos nuevos ERTE en caso de repunte pandémico y ponen en valor "la sensibilidad del Gobierno y de la mesa del diálogo social a la petición de ERTE especiales para Canarias, tras la terrible situación vivida con la erupción del volcán". "Por último, recordamos que para CEOE y Cepyme era clave el acuerdo que ha llegado el Gobierno con la organización de autónomos (ATA)", zanjan, tras haberse implicado directamente Garamendi en las últimas horas para cerrar este pacto in extremis.
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