Los empresarios no se dan por vencidos ante la “falta de protagonismo” que se les da en el decreto de los fondos de la UE y ha encargado a los cuatro despachos con los que trabaja en este frente una batería de enmiendas que se pueden introducir en el articulado de la norma durante su aprobación en el Congreso como proyecto de ley. Desde la patronal CEOE se envió a Moncloa a finales del año pasado una propuesta de decreto ley con muchas sugerencias para poner en marcha y agilizar las adjudicaciones a las empresas, pero el texto del Gobierno aprobado la semana pasada hizo caso omiso de todas esas recomendaciones y marcó un enfoque estrictamente público que, a juicio de los empresarios, puede generar cuellos de botella y un gran atasco que amenaza con dejar fuera del reparto a muchos proyectos.
Los expertos de los despachos Garrigues, Uría, Cuatrecasas y PWC, contratados por la CEOE, elaborarán lo antes posible esas posibles enmiendas por las que, según fuentes empresariales consultadas, ya han mostrado su interés varios grupos parlamentarios para introducirlas, al menos, en el debate de la norma. La idea de la patronal es presentar sus aportaciones a la mayor parte de los grupos parlamentarios, tanto de ámbito nacional, como a través de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que siempre han sido muy afines con los postulados de los empresarios y cuyos votos serán fundamentales para sacar adelante el proyecto de ley.
Las enmiendas se van a centrar en las grandes cuestiones que, a juicio de la patronal, pueden poner en duda la eficacia del modelo aprobado. Una de las claves que los empresarios quieren potenciar es la figura jurídica de los contratos de concesión administrativa, como una forma de garantizar que haya una colaboración público-privada efectiva. Frente a ello, el modelo en marcha pretende que se creen sociedades mixtas en las que la mayoría del capital y de la decisión siempre estaría en manos del sector público, algo que hace temer a los empresarios que las estrategias no serían todo lo independientes posible. Según fuentes técnicas consultadas, una vez aprobados los proyectos, no caben vetos ni decisiones políticas, dado que hay que velar por optimizar el beneficio y la viabilidad de la entidad.
La "difusa" legalidad de los PERTE
El segundo gran bloque de enmiendas que se van a preparar para la patronal se centrará en el funcionamiento de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), dado que contemplan compartir información confidencial de las empresas que presentes sus iniciativas, dentro de un amplio abanico de posibilidades entre competidores, de forma que la subasta final que adjudicaría el proyecto puede perjudicar a muchas de ellas si, después de ceder su ‘know how’, quedan fuera del proyecto. El modelo de concesión que propuso la patronal contemplaba primar a las empresas que lanzaban proyectos innovadores a la hora de adjudicar los planes para evitar decisiones que puedan dañar la competencia.
Es más, fuentes jurídicas consultadas advierte que el “difuso” funcionamiento que se plantea para los PERTE es lo que está haciendo que muchas empresas se echen para atrás a la hora de poner sobre la mesa sus planes, que consideran muy confidenciales. Al mismo tiempo, advierten que falta en el decreto aprobado la ponderación de los criterios que se van a establecer para adjudicar proyectos a una u otra empresa, que pueden ser antagónicas en el mercado, hasta el punto de que algunas de ellas ya han contactado con algún despacho de abogados de cara a posibles demandas ante una decisión injusta. Cabe recordar que, en este tipo de procesos avalados por la normativa europea de Competencia, no cabe hacer ponderaciones ‘ex-post’, “entre otras cosas, porque serían anticonstitucionales”.
Los trabajos para tener en tiempo récord las propuestas para enmendar el texto del decreto de los fondos ya se han puesto en marcha, con la idea de compartirlo con los grupos parlamentarios lo antes posible para que se puedan flexibilizar más los procedimientos administrativos a tiempo. No obstante, fuentes políticas consultadas advierten que va a ser muy difícil que todo este tipo de modificaciones puedan hacerse antes de que se envíe el plan a Bruselas, a primeros de abril. Alertan, además, de que si, como parece, todo se va a basar en el sector público empresarial y en proyectos que van a sectores regulados, la simplificación administrativa que se pretende será complicada de conseguir.
