La CNE critica los nuevos pagos para las centrales térmicas e hidráulicas

Madrid, 18 dic.- La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha criticado el nuevo sistema de pagos, aprobados en noviembre por el Gobierno, para las empresas eléctricas por la disponibilidad de algunas de sus centrales térmicas (ciclos combinados, carbón y fuel) e hidráulicas.

En un informe sobre la orden elaborada por el Ministerio de Industria, el organismo señala que el enfoque dado a esta propuesta no es "coherente", sobre todo por su carácter transitorio, y que su aprobación no era "ni apremiante ni necesaria" dada la situación actual del sistema: con capacidad de sobra para cubrir la demanda eléctrica y con un déficit creciente.

Según los cálculos de la CNE, estos pagos habrían supuesto un coste adicional de 140 millones de euros sólo en el segundo semestre de 2011. Estos costes se financian a través de la parte regulada de la tarifa eléctrica.

En este sentido, la CNE subraya que este tipo de pagos conllevan un incremento del coste de la energía que soportan los consumidores de electricidad, por lo que su "consideración debería realizarse de forma justificada y en un contexto de prudencia".

Industria justificó que estas centrales recibieran una retribución adicional de manera transitoria, a la espera de un mecanismo definitivo, por contribuir "rápidamente a la cobertura de las puntas (de demanda eléctrica)" y advirtió de que sin estos pagos estas centrales "podrían dejar de estar disponibles".

La CNE critica que este enfoque de evitar el cierre de determinadas centrales, con un carácter transitorio, es "discriminatorio por tecnologías" y no es coherente con la perspectiva que debería tener un mecanismo de pagos por capacidad para el medio y largo plazo.

El organismo rechaza también que estos pagos se hayan establecido sin que se aporte ninguna información contable por parte de las empresas eléctricas.

Y añade que las alegaciones de las eléctricas se centran en describir determinadas partidas contables y ciertas singularidades "como si el marco regulatorio vigente estuviera basado en costes regulados y no en un sistema de mercado".

El organismo, que detalla una serie de recomendaciones para mejorar el mecanismo, concluye que elaborará una propuesta de desarrollo antes de seis meses, "adaptada a la actual coyuntura de exceso de capacidad disponible y elevado déficit tarifario".