La CNMV confirma la multa a Borrell por infracción muy grave con 30.000 euros

  • El BOE ratifica la sanción sobre el ministro de Exteriores por la venta de 10.000 acciones de Abengoa cuando era consejero de la empresa. 
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha impuesto finalmente una multa de 30.000 euros al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en lo que ha calificado de infracción muy grave por la venta de una serie de acciones de Abengoa en 2015 cuando era consejero de esta compañía, según ha salido publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado. La venta de 10.000 acciones de un tercero se efectuó dos días antes que la empresa presentara el preconcurso de acreedores y el organismo regulador apunta a que se usó información privilegiada en la operación.

La CNMV abrió expediente a Borrell y lleva investigando el caso desde julio de 2017. Tras desvelar el caso La Información el pasado 9 de octubre, el ministro admitió la situación públicamente en el Congreso de los Diputados y, después de varios días de polémica política e incluso peticiones de dimisión desde los grupos de la oposición, terminó renunciando a su posibilidad de recurrir la sanción para no entrar en conflicto de intereses con su compañera de Consejo de Ministros, la titular de Economía, Nadia Calviño, ya que era este Departamento el que debía decidir en última instancia. Ahora, con la publicación oficial en el BOE, se cierra el proceso. 

El texto completo que ha salido publicado este martes en el BOE es el siguiente: "Habiéndose declarado firme en vía administrativa la sanción impuesta a don José Borrell Fontelles, por la comisión de una infracción muy grave del artículo 282.6 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el artículo 313 quáter de esta norma, la sanción impuesta mediante Resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 27 de septiembre de 2018 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente Acuerdo: Imponer a don José Borrell Fontelles, por la comisión de una infracción muy grave del artículo 282.6, en relación con el artículo 227.1.a) del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 4/2015, de 23 de octubre, por la venta por cuenta de un tercero de 10.000 acciones de Abengoa, S.A., por un importe de 9.030 euros, el 24 noviembre de 2015, disponiendo de privilegiada sobre este emisor, una multa por importe de 30.000 euros (treinta mil euros)".

El ministro de Exteriores, en el marco de una pregunta durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso había defendido su inocencia: "No he actuado en base a información privilegiada en la gestión de la cartera de valores que me había sido encomendada". Eso sí, también admitió que la operación "no fue adecuada, por el momento en el que se produjo y por la apariencia de irregularidad que pudo generar". "Fue un error, una falta administrativa, según la legislación española y que no afecta a las condiciones de idoneidad para ejercer mi función ministerial", especificó.

Borrell argumentó ante los periodistas que él mismo había perdido dinero en la operación, con lo que difícilmente se le podía acusar de información privilegiada. "No tiene ninguna lógica que si alguien tiene la información que me atribuye se limite solo a vender el 8% de su cartera", se justificó entonces a la vez que descartaba recurrir la sanción porque en su opinión hacerlo "no sería políticamente correcto" al poder generar un conflicto de intereses contra el Ministerio de Economía.

A finales de noviembre de 2015 Abengoa, con una deuda neta de 6.300 millones de euros y bruta de 8.900 millones solicitó el preconcurso de acreedores, y consiguió evitar la quiebra mediante un acuerdo con los acreedores para la reestructuración del grupo mediante la inyección de 1.170 millones de euros a cambio de ceder el 90% del capital a fondos, banca y bonistas. Borrell declaró en octubre de 2017 en el juicio contra la excúpula de la multinacional Abengoa por las indemnizaciones al expresidente de la compañía Felipe Benjumea y su ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tras su cese.

Su declaración fue únicamente en calidad de testigo como integrante de la comisión de nombramientos y retribuciones y alegó que él no estuvo presente en la reunión del consejo de administración que finalmente aprobó dichos pagos.

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