Los demoledores efectos que la crisis tuvo sobre el mercado de trabajo - particularmente en el quinquenio 2009-2014- comienzan a filtrarse sobre uno de los colectivos más sensibles de la sociedad española: los jubilados. Desde hace un puñado de meses las estadísticas oficiales de la Seguridad Social vienen mostrando una caída sostenida de la prestación media de los nuevos jubilados, que en el mes de julio se situó en 1.410,5 euros mensuales, su nivel más bajo desde el año 2012.
El dato ha quedado sepultado por la brutal inercia creciente del gasto en pensiones, que acumula un incremento del 4,86% en lo que va de año y supera ya los 9.200 millones de euros mensuales, y por la subida de la pensión media del sistema público de protección social (que agrega pensiones de jubilación, de incapacidad temporal, de viudedad y el resto), que también ha repuntado un 3,71% hasta los 956,42 euros.
Pero bajo las grandes cifras hace tiempo ya que comienzan a percibirse los efectos de los daños generados durante la crisis. El síntoma más evidente es la caída de la pensión inicial de los nuevos pensionistas, un indicador que acumulaba varios lustros de crecimientos continuados y que alcanzó su máximo en 2015 para empezar a decaer desde entonces, antes incluso del temido efecto de la entrada en vigor del ahora bloqueado 'Factor de sostenibilidad de las pensiones'.
Lo que dicen los datos es que el mejor momento para retirarse fue el año 2015. Ese ejercicio la pensión inicial media de los nuevos jubilados ascendió a 1.460 euros mensuales, su máximo histórico. El año siguiente la referencia empezó a caer y, según los datos de la Seguridad Social, a julio de 2018 su cuantía ha descendido hasta los 1.410 euros, 50 euros menos al mes y la cifra más baja desde el año 2012.
La envenenada herencia de la crisis
"Son varios los factores que han podido influir, la pérdida de empleos, el estancamiento de los salarios, pero el más relevante es la deflación que vivió el país (entre 2013 y 2016), que afecta directamente al cálculo de la pensión", asegura Miguel Ángel García, ex director general de Ordenación Económica de la Seguridad Social y ahora analista de Fedea.
En virtud del actual sistema de cálculo de las pensiones, la prestación inicial se calcula cogiendo las bases reguladoras de los años que estipula la ley y actualizándolas en función del IPC - excluyendo las de los últimos 24 meses - . Los jubilados en 2015 fueron los últimos en 'librarse' del efecto de la deflación sobre el cálculo de sus pensiones - ya que las bases de los dos últimos años no estaban sujetas a actualización -, pero a partir de ahí el impacto de ese periodo de IPC bajos ha sido creciente.
Un 'bocado' importante a sus carreras de cotización justo en el peor momento, dentro del tramo de años que se tiene en cuenta a la hora de calcular la pensión - a día de hoy los últimos 252 meses cotizados, es decir, los últimos 21 años de trabajo -.
El efecto perjudicial de la crisis sobre este grupo de trabajadores está perfectamente identificado por la Seguridad Social y fue el que empujó a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a instar a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo a estudiar la posibilidad de que los nuevos jubilados pudieran escoger entre calcular su futura pensión en función de toda su vida laboral o incluso descartando sus cinco peores años de cotización.
Otros factores han contribuido a agravar el impacto sobre las prestaciones iniciales de los pensionistas. El Instituto BBVA de pensiones calculó en su día que los asalariados del Régimen General de entre 50 y 60 años - la cohorte de edad más próxima a la jubilación - perdieron de media 40 jornadas de cotización al año entre el año 2007 y el año 2012 como consecuencia de la crisis.
Malo para los pensionistas e inocuo para el sistema
Lo enojoso del asunto es que resta un pellizco importante a las nóminas de lo nuevos pensionistas - 50 euros al mes menos entre 2015 y 2018 - pero no ayuda a reducir las tensiones financieras sobre un sistema público claramente deficitario. "Se trata de un fenómeno coyuntural, que se corregirá en buena medida en un par de años y que es irrelevante para la situación financiera del sistema", advierte Miguel Ángel García. Es decir, que fastidia a los nuevos pensionistas, que ven reducidas sus nóminas de manera sustancial, pero no ayuda al sistema.
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