Los intentos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por quitar hierro a la crisis abierta en Navantia a cuenta de la eventual ruptura del contrato de construcción de cinco corbetas firmado en julio con Arabia Saudí, que prometía asegurar la carga de trabajo de los castigados astilleros de San Fernando, en Cádiz, durante los próximos cinco años, además de promover la creación de 6.000 puestos de trabajo, contrastan con las señales de alerta que emite la empresa.
Ya no es sólo que los trabajadores de Navantia hayan decidido mantener las movilizaciones hasta que no vean concretados los compromisos de carga de trabajo para el astillero de San Fernando - cuyo inicio se preveía para este mismo otoño - sino que la Dirección de los astilleros públicos ha decidido suspender el encuentro previsto con los responsables sindicales para reactivar la negociación abierta por la anterior Dirección sobre el Plan Estratégico y el nuevo Plan de Empleo de la compañía a la espera de que se resuelva el asunto, según han confirmado a La Información fuentes sindicales.
Los sindicatos confían en que sea una situación coyuntural y el diálogo se reactive de manera más o menos inmediata, pero la decisión muestra la situación de excepcionalidad en que vive la empresa a la espera de disipar las dudas abiertas sobre el ya célebre contrato de las corbetas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, intentó devolver este lunes las aguas a su cauce en una comparecencia parlamentaria ante el Senado a la que acudió con la intención de dejar claras dos cuestiones fundamentales. La primera, que España no ha cancelado ningún contrato con Arabia Saudí, por lo que las potenciales represalias por la supuesta cancelación del contrato de venta al país asiático de 400 bombas de alta precisión - alentada desde el propio Ministerio tras el ataque militar del régimen saudí a Yemen - entrarían en el campo de la especulación o, como sugirió la ministra en su comparecencia, del ataque político con intenciones meramente electoralistas.
La segunda, que no hay nada en el contrato firmado con Arabia Saudí para el encargo a Navantia de esas cinco corbetas ni en las conversaciones que se han mantenido con el país en las últimas horas que lleve a pensar en una vinculación entre ambos contratos o, de otro modo, que una eventual modificación de las condiciones establecidas en el contrato para la venta de 400 bombas de alta precisión no tendría por qué llevar en ningún caso a una eventual anulación del resto de acuerdos comerciales suscritos entre ambos países.
No tendría por qué.... pero podría suceder. De hecho, hay precedentes. Hace unos meses, Canadá inició un proceso político similar al que está llevando ahora el Gobierno de España según Margarita Robles, en el que se cuestionaba si era ético o no vender armamento a Arabia Saudí. Se trataba de un contrato valorado en 12.000 millones de dólares, cerca de seis veces más grande que el de España, para la construcción de vehículos blindados.
Las tensiones por parte de políticos canadienses, junto a otros desaires, provocaron un fuerte descontento del régimen saudita. Por ello, cuando Canadá dijo que sí, que aceptaba vender los tanques fue el país árabe el que decidió no aceptar el contrato y cortar de raíz. Así se lo recordó a la ministra el portavoz del PP en el Senado, Luis Rodríguez Comendador Pérez, que inquirió a Robles sobre si de verdad pensaba que una eventual anulación de un contrato firmado en 2015, ya pagado por el cliente y que únicamente estaba pendiente de la puesta a disposición del material por el fabricante (la industria armamentística española) no iba a tener ninguna consecuencia sobre las relaciones entre ambos países.
A la espera de perfilar el esperado Plan de Empleo
Mientras se aclara el panorama los sindicatos esperan ya con cierta impaciencia que el Gobierno y la nueva Dirección de Navantia les aclaren su posición respecto al Plan Estratégico y el Plan de Empleo que ya habían comenzado a encarrillar con el anterior presidente de Navantia, Esteban García Vilasánchez.
La ex presidente de SEPI, Pilar Platero, había puesto sobre la mesa un ambicioso plan de despliegue para el astillero público sostenido sobre una cartera de pedidos de 11.000 millones de euros para el periodo 2018-2022 y el primer programa de contrataciones en años.
Donde tradicionalmente se ha hablado de prejubilaciones y ajustes de plantilla para contener unos costes que no lograban sufragar los ingresos generados, la SEPI pretendía plantear un Plan de Empleo, histórico porque es el primero en lustros y porque significa el primer síntoma de crecimiento tras 40 años de repliegue del naval en España.
El plan apiraba a hacer frente a la oleada de jubilaciones que afronta la empresa en sus seis instalaciones: la de Ferrol, la de Fene, la de Cartagena, la de Cádiz, la de San Fernando y la del Puerto de Santamaría, donde junto a las oficinas de Madrid y la delegación en Australia trabajan 5.283 empleados.
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