La Defensora denuncia errores en tasas locales por precipitación en el cobro

Madrid, 27 feb.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha denunciado hoy "numerosos errores" en impuestos y tasas reclamados por los ayuntamientos debido a la "precipitación" con la que los reclaman cuando están próximos a prescribir, dado su afán recaudador en el contexto de crisis económica.

Según el informe anual 2012 de esta institución, muchas quejas ciudadanas están presididas también por el descontento en los tributos estatales por el incremento tanto de los impuestos directos como de los indirectos, así como de la llamada amnistía fiscal.

Los ciudadanos se sienten "indefensos" y en una clara "posición de inferioridad" en sus relaciones con la Agencia Tributaria (AEAT) debido a su falta de conocimientos suficientes en materia tributaria, a lo que hay que añadir la complejidad jurídica de la materia.

En el caso de los ayuntamientos, la precipitación les lleva a cobros por la vía ejecutiva sin cotejar adecuadamente los datos existentes sobre el objeto tributario, y a llevar hasta el final los procedimientos a pesar de las denuncias del ciudadano.

De este modo obligan a tramitar otro procedimiento de devolución "con la dilación y el coste en la correcta ejecución de las funciones recaudatorias municipales".

Numerosas quejas vienen también del hecho de que los ayuntamientos, necesitados de liquidez, han incrementado la cuantía de los tributos, lo que por otro lado "no ha tenido una repercusión favorable en la prestación de servicios, que al contrario han visto reducida su frecuencia y calidad".

En el cobro del IRPF se pone de manifiesto la "dificultad" para elaborar correctamente la declaración, en especial en lo relativo a las distintas exenciones y deducciones.

Además, el borrador elaborado por el servicio de cita previa de confección de declaraciones puede contener errores imputables al personal de la Agencia que conllevan liquidaciones posteriores o incluso sanciones contra el contribuyente.

La AEAT alega que esos errores se deben a la documentación aportada por el contribuyente, aunque es imposible comprobarlo dado que no se deja constancia de estos datos, algo que la Defensora ha recomendado solventar con un control que acredite exactamente los documentos adjuntados.

También hay deficiencias en las notificaciones, pues Hacienda comunica sus resoluciones en el domicilio fiscal del interesado, que además no se actualiza con los cambios de empadronamiento y si el intento es infructuoso lo da por notificado con su publicación en el BOE.

La "rígida" interpretación de Hacienda de los efectos del empadronamiento conlleva además que la agencia no permita aplicar las exenciones y deducciones previstas en materia de vivienda.

El problema radica en que para determinar si una vivienda puede ser considerada habitual, la AEAT sí tiene en cuenta los datos de empadronamiento del contribuyente "a pesar de que la normativa no lo exige en ningún caso".

También critica que "la rigidez que caracteriza a la AEAT" impide los aplazamientos y fraccionamientos de pago de la deuda tributaria necesarios para algunos ciudadanos puedan hacer frente a los mismos, por lo que se ven abocados a la ejecución forzosa.

En el caso del IVA se han generado "gran número de quejas" por las subidas de tipos impositivos y por la falta de coordinación y colaboración entre administraciones que lleva a que en ocasiones se reclame por la compra de una vivienda tanto el impuesto indirecto como el de transmisiones patrimoniales por parte de la comunidad autónoma.

También ha habido quejas por la aplicación de los nuevos tipos impositivos a los consumos generados en agua, electricidad, gas y telefonía de los meses anteriores a la entrada en vigor de la norma, con lo que el IVA "pierde la característica de neutralidad y afecta al principio de igualdad" según la Defensora.