La deuda de adif por la construcción del ave en 2013 no computará como pasivo del estado


El real decreto aprobado por el Gobierno para dividir Adif en dos sociedades el 31 de diciembre de 2013 establece que los efectos de la escisión se retrotraen contablemente al 1 de enero de este año, con lo que el Ejecutivo evita que la deuda generada en Adif durante este ejercicio por la construcción de líneas de alta velocidad compute como déficit público.
Dicho decreto, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fija su entrada en vigor mañana domingo y recoge la publicación por separado de los presupuestos de ambas entidades públicas empresariales para 2014.
De esta manera, establece que la autorización de endeudamiento de 2.625 millones de euros para el próximo ejercicio sea para Adif Alta Velocidad, quedando desvinculada de la misma la actual Adif.
El administrador ferroviario prevé cerrar el próximo ejercicio con una deuda de 16.686 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 21,1% con respecto a los 13.776 millones de endeudamiento previstos para 2013.
Por otro lado, el decreto establece que Adif Alta Velocidad contará con autorización de seguridad en el momento de su creación, sin perjuicio de que en el plazo de seis meses a contar desde esa fecha, el 31 de diciembre próximo, ambas entidades deban solicitar la correspondiente autorización de seguridad.
En referencia a los trabajadores, la normativa publicada hoy señala que las condiciones del personal se seguirán rigiendo por el convenio colectivo que le fuere de aplicación en el momento de su integración, el de Adif.
Además, estipula que las personas que tuviesen la condición de representantes legales de los trabajadores en Adif y que pasen a integrarse en Adif Alta Velocidad, seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que había con anterioridad.
También señala que la integración del personal no podrá suponer en ningún caso incremento de dotaciones, retribuciones ni otros gastos de personal al servicio del sector público.
Por último, establece que el presidente de la entidad pública empresarial Adif y el secretario de su Consejo de Administración, lo serán también de Adif-Alta Velocidad.

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