Si los contribuyentes españoles nos pusiéramos de acuerdo para ponernos al día con Hacienda se solucionaría de un plumazo el problema del déficit. No es ninguna exageración. Si las cosas van más o menos como tiene calculado el Gobierno, las Administraciones Públicas españolas cerrarán el año 2018 con un déficit del 2,7% del PIB, lo que traducido a euros contantes y sonantes vienen a suponer algo menos de 30.000 millones. Bien, pues la cuantía total de los impuestos pendientes de pago por parte de los contribuyentes españoles supera con holgura esta cifra y según el último dato oficial hecho público por la Agencia Tributaria se situó al cierre de 2017 en 42.365 millones de euros.
Incluso si en un ejercicio de rigor nos limitáramos a reintegrar al Fisco las deudas que están ya en vía ejecutiva, es decir, las que no están asociadas a procedimientos concursales, aplazamientos, fraccionamientos o a cualquier otra disposición que permita retrasar 'legalmente' el cumplimiento de las obligaciones con el Fisco y que, por tanto, son exigibles de pleno derecho por la Agencia Tributaria, el asunto también se solucionaría pues su cuantía supera los 35.000 millones de euros.
En España los impuestos se pagan mal, y después de la crisis aún peor. Las cifras de la Agencia Tributaria (ver gráfico) no mienten. El volumen total de impuestos pendientes de pago por parte de los contribuyentes casi se duplicó con motivo de la crisis pasando de los 26.652 millones de euros registrados en 2007 a los 50.226 millones del año 2014.
El daño para las arcas públicas es indisimulable, pero al menos podía encontrar alguna explicación en el contexto durante la crisis. Los contribuyentes logicamente tenían más dificultades para pagar e incluso el Gobierno adoptó medidas para que las cargas fiscales no fueran la causa de la quiebra ni de particulares ni de empresas, facilitando los aplazamientos y los fraccionamientos.
Menos explicación tiene lo ocurrido a partir de 2014. La mejora de la situación económica ha permitido reducir la deuda pendiente de cobro por parte del Fisco, sí, pero ésta continúa muy por encima de niveles 'normales' y ello a pesar de los esfuerzos realizados sobre todo en la era Montoro para evitar que las deudas se dilataran 'sine die'.
La lucha contra los morosos
La medida más célebre de esta ofensiva - quizá no la más eficaz - ha sido la publicación de la lista negra de morosos con Hacienda, un listado que incluye a todos los contribuyentes que acumulan deudas firmes con el Fisco por encima del millón de euros - cifra que a partir de la próxima publicación bajará a 600.000 euros si entra en vigor antes el anteproyecto de medidas de lucha contra el fraude presentado por el Gobierno.
La ofensiva del Gobierno había comenzado en 2015, cuando el Gobierno endureció los requisitos exigibles para solicitar aplazamientos y fraccionamientos de pago. La medida consiguió reducir en 4.000 millones de euros el volumen de deudas pendientes con el Fisco.
No fue la única maniobra del anterior Gobierno para agilizar el pago de las deudas de los contribuyentes con el Fisco. El Plan de Control Tributario de 2016 incluyó una batería de medidas de gestión orientadas de forma clara a forzar a los contribuyentes a saldar sus deudas con la Hacienda Pública.
En primer lugar se priorizó la gestión de la deuda pendiente de cobro dentro del mandato del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria lo que hizo que se ampliara el número de contribuyentes sobre los que se realizaron actuaciones específicas, también se consolidó el controvertido principio de 'derivación de responsabilidad', en virtud del cual Hacienda podía solicitar a terceros vinculados el pago de las deudas pendientes por parte de otros contribuyentes. El esquema se completaba con la opción de promover acciones judiciales para combatir operaciones de vaciamiento patrimonial e insolvencia punible, habituales para eludir las obligaciones pendientes bajo el argumento de la falta de recursos económicos.
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