La deuda de las administraciones territoriales con las asociaciones de la discapacidad supera los 300 millones

Las Administraciones territoriales (las autonómicas, en mayor medida, y las locales) tienen contraída una deuda con las organizaciones sociales de la discapacidad que supera los 300 millones de euros.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, manifestó a Servimedia este miércoles tras reunirse con los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que esta situación está llevando al sector al colapso.
En la reunión, auspiciada por Ana Mato, los representantes del Cermi trasladaron a los ministros la agónica situación en la que se encuentran las empresas del sector, ya que la deuda contraída por las administraciones está provocando retrasos en los pagos a los trabajadores y dificultando la labor de las mismas.
El sector tiene un nivel de deuda por servicios, productos o bienes entregados o prestados por las asociaciones a las administraciones públicas por valor de más de 300 millones de euros, una cantidad que está llevando a la asfixia a este colectivo
El presidente del Cermi agradeció al Gobierno que haya puesto en marcha los mecanismos extraordinarios para el pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
En este sentido, el Gobierno informó que ya ha abonado ya 339.591.603,99 euros en facturas pendientes a los proveedores de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidez Autonómica . Esta cantidad incluye las facturas saldadas hasta el pasado 21 de noviembre de las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, que eran las que estaban adheridas formalmente al FLA y han solicitado el pago de estos conciertos.
Sin embargo, el FLA, tal y como está configurado en la actualidad, no tiene capacidad para hacer frente a todas las deudas contraídas por las administraciones con las entidades sociales. A este respecto, el Ejecutivo ha mostrado disposición a estudiar la posibilidad de ampliar el tipo de deudas que pueden beneficiarse de este mecanismo.
Asimismo, ha pedido al Comité que las asociaciones den traslado al Ejecutivo de todas las facturas y deudas que han contraído con ellas las administraciones, especificando los compromisos adquiridos y las cuantías.
Además, se ha comprometido con el movimiento asociativo a escuchar las demandas que plantee en el proceso de elaboración de la nueva Ley de Bases del Régimen Local, ya que el Cermi es partidario de que “lo social” esté en la Administración local, puesto que es la más cercana al ciudadano.