Se cierra una etapa en la que el PSOE en la primera legislatura y el PP en su mandato anterior pudieron bajar impuestos sin merma de la calidad de los servicios públicos, gracias al extraordinario crecimiento económico del país, apoyado en la pujanza del ladrillo. Ahora, la dura realidad de la economía española ha obligado al Gobierno a pasar de las palabras a los hechos en su política social y fiscal.
El cambio de escenario es radical y completa el giro que el Gobierno inició a mediados el año pasado con el anuncio de la subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA), la subida de los impuestos sobre el tabaco y los hidrocarburos, la eliminación de la deducción de los 400 en el IRPF, el aumento de la tributación de las rentas del capital y la desaparición de la deducción por compra de vivienda habitual a partir de 2011.
El giro es copernicano. Hace apenas dos años, el Ejecutivo Zapatero, con el vicepresidente Pedro Solbes como principal responsable económico, eliminaba el Impuesto de Patrimonio. Ya había comenzado la crisis económica y crediticia y Solbes defendió la supresión por tres razones: el impuesto no existía en ningún país de Europa salvo Francia, la eliminación favorecería la compra de segundas viviendas en España por parte de inversores no residentes y, por último, el grueso del impuesto recaía en las clases medias.
Ahora, el Gobierno ha recuperado el espíritu del impuesto eliminado, ya se verá con qué variaciones. Ayer, se limitó a asegurar que “solicitaremos un esfuerzo solidario de los que más tienen para contribuir a la consolidación fiscal. Será una medida temporal, que se anunciará en el momento oportuno. No será inminente y se dirige a las rentas más altas”, explicó la vicepresidenta segunda, Elena Salgado. Los más ricos pueden dormir tranquilos, al menos de momento.
Punto de inflexión
El punto de inflexión se produce en junio de 2009, cuando el Gobierno aprueba una subida del precio de los hidrocarburos de 2,9 céntimos por y eleva dos euros por cada mil cigarrillos el coste de las labores de tabaco. El objetivo, en palabras de la vicepresidenta Salgado, era hacer “más sostenible” la economía.
Entonces, el cambio de discurso estaba ya más que claro: “cuando se discuta la Ley de Presupuestos de 2010 vamos a pasar revista a muchas figuras, tanto del lado del gasto como del ingreso”, aseguraba Salgado.En septiembre, el consejo de ministros aprobó el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010.
La subida de impuestos fue general, incluidos los indirectos, con el objetivo de recaudar 10.000 millones más en la legislatura. El tipo general del IVA subirá a partir del próximo mes de julio del 16% al 18%, mientras que el tipo reducido se elevará del 7% al 8%. El impacto estimado es de 5.100 millones.Una cifra menor que la prevista por la retirada de la reducción de los 400 euros en el IRPF -5.700 millones-, que junto a la modificación del tratamiento de las rentas del capital supusieron un primer ajuste duro a la fiscalidad de los españoles.
En el otro lado de la balanza, ya en un momento de máxima dificultad para las pequeñas y medianas empresas por las dificultades para conseguir financiación bancaria, el Gobierno aprobó la reducción en cinco puntos del impuesto de sociedades para las pymes que mantengan o aumenten su plantilla.
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