El tamaño de la economía sumergida en España seguirá siendo un misterio. El intento de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) - la asociación más representativa del cuerpo de élite de la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude - de impulsar la realización de un informe que ofreciera un diagnóstico riguroso y con regularidad anual de esa parte de la actividad económica que escapa a la vigilancia de la Administración Tributaria ha encallado ante la falta de apoyos financieros e institucionales para sacar el proyecto adelante.
Según han confirmado a La Información fuentes conocedoras del proceso, el equipo designado por la organización para presentar el proyecto e intentar conseguir la financiación necesaria para sacarlo adelante ha aparcado su misión tras meses de infructuosos contactos con diferentes organizaciones, entre las que se cuentan la Fundación Ramón Areces, la Fundación Impuestos y Competitividad y la Fundación Rafael del Pino, aunque en éste último caso no se le llegó a trasladar una propuesta de colaboración formal.
"La búsqueda de potenciales socios ha sido muy selectiva", admiten las fuentes consultadas. La premisa de la organización era restringir los contactos a instituciones con un reconocido bagaje en investigación, cuya naturaleza o planteamiento ideológico no comprometiera de partida la independencia del informe y también con el músculo necesario para sostener un trabajo de largo alcance, que aspiraba a convertirse en el principal referente nacional e internacional para la medición de la economía sumergida en España. "Sabíamos que era complicado. Nunca antes se ha hecho algo así en España y las organizaciones con las que hemos contactado tienen unas determinadas líneas de investigación en las que han considerado que este trabajo no encajaba", explican.
La organización de inspectores sí tenía encauzada la parte técnica del trabajo. Al margen de sus propios recursos, tanto intelectuales como de conocimiento del sistema fiscal, contaba con el compromiso del think tank Fedea para desarrollar tanto la metodología de medición de la economía sumergida como la cuantificación de los resultados, tareas para las que incluso se había designado ya a un equipo de investigadores, encabezado por el director de la institución, Ángel de la Fuente, y del que también formarían parte otros dos prestigiosos expertos en materia fiscal: el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda, y el titular del Departamento de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad Complutense, Jorge Honrubia. El plan inicial era empezar el estudio por el IVA y posteriormente ir ampliándolo a otros impuestos.
El proyecto no consiguió tampoco concitar el respaldo institucional que se esperaba. Sí contaba con el visto bueno de la Agencia Tributaria, que si bien había optado por no implicarse formalmente en la realización de un informe de medición de la economía sumergida en España, sí había ofrecido el apoyo de sus servicios de estadística para ayudar a los investigadores con toda la información que éstos les requirieran y ellos les pudieran proporcionar, claro. La organización también presentó el proyecto al Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el laboratorio de ideas del Ministerio de Hacienda, que en un principio se comprometió a estudiarlo a la espera de una decisión definitiva por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda, que no mostró ningún interés por respaldar el desarrollo de la iniciativa, según confirman las fuentes consultadas.
Consultado sobre el asunto, el presidente de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, lamenta la falta de respaldo institucional y económico a un proyecto del que dice que si algo ha buscado es "ofrecer un diagnóstico serio, riguroso y desprovisto de cualquier sesgo político". "No renunciamos a ponerlo en marcha y lo haremos si llega algún socio con la capacidad necesaria para respaldar un proyecto de esta magnitud, pero sabemos que será complicado. Es una pena porque vamos a necesitar un estudio serio sobre el asunto, principalmente porque tarde o temprano Europa va a incorporar esa información al derecho positivo europeo", asegura Groba.
El mito del 25% y la 'peligrosa' evidencia internacional
El presidente de la organización de inspectores hace referencia a un fenómeno reciente ocurrido en Bruselas . La Comisión Europea empezó a trabajar con un proyecto de directiva en la que el derecho de las Administraciones Tributarias de los diferentes países a generalizar la inversión del sujeto pasivo en materia de IVA se hacía depender de los resultados sobre la brecha fiscal en el impuesto (diferencia entre la recaudación teórica que podría lograr y la recaudación real) de un estudio encargado a un despacho internacional. El asunto fue rocambolesco, porque un despacho austriaco encargó a un despacho polaco el cálculo de la brecha fiscal en España..."Corremos el riesgo de que se regule la realidad fiscal española a partir de las conclusiones obtenidas sobre el sistema fiscal español en un despacho que está a miles de kilómetros y que no conoce las singularidades y peculiaridades españolas", advierte.
"No hay que olvidar que España no cuenta con estimaciones oficiales al efecto (sobre economía sumergida), siendo la única referencia de este tipo la publicada por el Parlamento Europeo en 2012, en contraste con la relevancia que se le ha dado a las balanzas fiscales regionales, sin paragón en los países de la OCDE, que se ha traducido en varias publicaciones elaboradas o auspiciadas por el propio Ministerio de Hacienda, que sitúan a España en la vanguardia metodológica y estadística en este ámbito", constataban, no sin cierto estupor, los profesores de la Universidad de Vigo, Alberto Vaquero, Santiago Lago-Peñas y Xoaquín Fernández Leiceaga en uno de los últimos papers que se han publicado en torno a la evidencia empírica disponible (o la ausencia de ella, más bien) en este campo.
El párrafo apunta a dos claves relevantes. La ausencia en España de un estudio referencial sobre economía sumergida y el desinterés oficial en tratar de acotar una realidad de márgenes difusos, eso sí, pero que supone una pérdida de ingresos fiscales más o menos ingente. Existe un cierto consenso social en asumir que la economía sumergida en España se sitúa en una horquilla de entre el 20% y el 25% del PIB, sensiblemente por encima de la media de los principales países desarrollados. La recopilación de estudios académicos realizada por los profesores de la Universidad de Vigo, realizados con metodologías más o menos contestadas, enseñan un panorama mucho más incierto. En una veintena de estudios las conclusiones oscilaban entre situar la economía sumergida entre el 31,2% o el 18,6%.
La ausencia de un diagnóstico oficial sobre la economía sumergida y, más en concreto, sobre el tamaño del fraude fiscal en España puede traer consecuencias a medio plazo. La Comisión Europea ya ha apoyado alguna de sus actuaciones en materia de IVA en las conclusiones de informes realizados en otros países que miden bajo una misma metodología el fraude en el impuesto en diferentes países de la Unión. Sin un diagnóstico doméstico sobre la dimensión real (estimada, en este caso) del fenómeno, podría llegar a ocurrir lo que algunos expertos en materia fiscal ya han advertido: que se impongan a España reformas y medidas basadas en diagnósticos que desconocen las singularidades y peculiaridades del funcionamiento de los impuestos en España.
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