La familia real ya no podrá aceptar regalos caros

A partir de mañana, 1 de enero de 2015, los miembros de la Familia Real española, esto es, los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Leonor, no podrán aceptar regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario o por la propia naturaleza del obsequio puedan "comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o le sean atribuidas", al entrar en vigor el régimen de regalos que ha puesto en marcha el rey Felipe VI, el primero de estas características en la historia de España.
Este régimen regula además que los regalos de carácter institucional con motivo de un acto oficial se incorporarán a Patrimonio Nacional, mientras que los de carácter personal se podrán aceptar "cuando no superen los usos sociales o de cortesía. Cuando excedan dichos usos seguirán el mismo tratamiento que los regalos personales", es decir, pasarán a Patrimonio Nacional o a entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de interés general.
Asimismo, la Familia Real "no aceptará préstamos sin interés o con interés inferior al del mercado, ni regalos de dinero". En este último caso se procederá a su devolución o a ser donado a una ONG.
Anualmente todos los objetos recibidos durante ese año deberán ser revisados por una comisión que valorará cada regalo y que lo incorporará a Patrimonio o lo donará.
Con periodicidad anual se publicará en la página web de la Casa del Rey la relación de regalos institucionales que hayan sido entregados a la Familia Real durante el año. En la información constará una breve descripción del regalo, así como la persona o la entidad que lo haya entregado.
Además, los bienes dejados en testamento a favor de la Familia Real se aceptarán si se considera procedente, pero también deberán incorporarse a Patrimonio Nacional.
Este 1 de enero también entra en vigor el Código de Conducta para las personas que trabajan en Zarzuela, basado en 25 principios generales, en el que se recoge, entre otras premisas, que las personas que trabajan para la Casa del Rey "no intervendrán en operaciones financieras o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto en la Casa del Rey".
Los principios de actuación que recoge el código dicen que los empleados deberán respetar a las personas y sus derechos fundamentales y evitarán toda actuación que pueda producir discriminación por razón de nacimiento, raza, género, sexo, orientación sexual, religión, discapacidad o edad.