La Fiscalía afirma que las 'tarjetas black' no eran un complemento salarial legal

La Fiscalía Anticorrupción ha coincidido con la acusación popular ejercida por UPyD en que las tarjetas 'black'"nunca" podían tener la consideración de "retribución debida ni de complemento salarial legal", al no tener un reflejo contractual ni haberse declarado las cantidades dispuestas en las 'visa' a Hacienda.

Así consta en un escrito, que el fiscal Alejandro Luzón ha presentado a la petición de la formación magenta de volver a imputar a doce exdirectivos de Caja Madrid, entre los que se encuentran el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, cuyos casos fueron archivados provisionalmente por el juez Fernando Andreu, que les mantuvo como partícipes a título lucrativo del delito cometido por los administradores.

El Ministerio Público explica que "el cauce de emisión de las tarjetas, la forma de contabilizar los gastos, su no reflejo contractual o el hecho de que las cantidades dispuestas no eran declaradas al fisco son datos que apuntan en la dirección de que no eran retribuciones debidas".

Por ello, destaca que los exdirectivos "deben devolver lo ilícitamente percibido", pero precisa que no puede "razonablemente" construirse una participación "relevante" suya en la emisión de las tarjetas ya que, "sencillamente, no les competía" esta decisión.Únicos responables

En este sentido, el fiscal discrepa de UPyD sobre su petición de volver a imputar a los exdirectivos al entender que los "únicos" responsables penalmente son quienes tomaron esa decisión y añadir que la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid no se aplica sobre los directivos, que "ninguna responsabilidad, más allá de la fiscal, tendrían por la percepción de estas remuneraciones".

Argumenta que "los directivos, a diferencia del resto de imputados, recibieron estas tarjetas claramente como irregular complemento retributivo, como se infiere no solo de las declaraciones de los usuarios y de quienes se las entregaron, sino también del hecho de que tenían otra tarjeta de empresa, esta si para gastos de representación, que justificaban debidamente".

"El que no se deduzca reproche -provisionalmente- respecto a los directivos que cobraron no implica que esas percepciones fueran ajustadas a derecho y fueran, en definitiva, debidas. Antes al contrario, todo apunta a que no lo fueron, de ahí que respecto a esos pagos sí se mantenga la responsabilidad de quienes los acordaron,únicos responsables de la emisión de la tarjetas", concluye.Archivo provisional del caso Spottorno

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) recurrió hace unos días a la Audiencia Nacional el archivo de la causa seguida por las tarjetas 'black' contra los doce exdirectivos de Caja Madrid, al entender que estos plásticos estaban configurados como una "sutil manera de comprar sus voluntades" y que todos ellos, con una alta cualificación profesional, eran "perfectamente conscientes" de que su utilización era "ilegítima".

Andreu decidió sobreseer provisionalmente el caso de estos exdirectivos al entender que se trataba de un complemento retributivo de libre disposición y que no puede atribuírseles un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración y del Comité de Control, que aprobaron la concesión de las tarjetas.

Andreu archivó el pasado 5 de mayo la causa por las tarjetas 'black', aunque les mantuvo como partícipes a título lucrativo del delito de los administradores, para el exdirector general de Caja Madrid y número dos de Miguel Blesa, Matías Amat, y el exsecretario general del Consejo de Administración Enrique de la Torre.

También sobreseyó provisionalmente las actuaciones seguidas contra el exdirector de Sistemas y Organización de Caja Madrid Ricardo Morado (que gastó 443.000 euros); el ex director general de Banca Comercial Ramón Ferráz Ricarte (390.000); el exdirector de Banca Comercial y ex consejero delegado de la Corporación Caja Madrid Mariano Pérez Claver (354.100) y el exdirector de Comunicación Juan Manuel Astorqui (287.000).

Completan esta relación el ex director gerente de la Obra Social Caja Madrid Carlos María Martínez (271.900); la exdirectora de Auditoría Interna y exdirectora gerente de la Obra Social Carmen Contreras (277.000); el director de la Banca de Negocios Carlos Vela García (246.000); el exdirector de Riesgos Ramón Martínez Vilches (99.000) y el exdirector del Gabinete del Presidente y exdirector de Gestión de Activos Luis Gabarda Durán (134.800 euros).