La Fiscalía de Barcelona denuncia a 44 controladores por la huelga encubierta

  • Barcelona.- La Fiscalía de Barcelona ha acordado denunciar a 44 controladores aéreos, todos ellos del centro de Gavà, que de forma injustificada faltaron a su puesto de trabajo en la huelga encubierta del pasado 3 de diciembre, lo que provocó la cancelación de más de 700 vuelos.

La Fiscalía de Barcelona denuncia a 44 controladores por la huelga encubierta
La Fiscalía de Barcelona denuncia a 44 controladores por la huelga encubierta

Barcelona.- La Fiscalía de Barcelona ha acordado denunciar a 44 controladores aéreos, todos ellos del centro de Gavà, que de forma injustificada faltaron a su puesto de trabajo en la huelga encubierta del pasado 3 de diciembre, lo que provocó la cancelación de más de 700 vuelos.

En el acuerdo de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público imputa a los controladores del Centro de Control Aéreo de Gavà, del que depende el tráfico del corredor mediterráneo, un delito contra la navegación aérea o, en su caso, uno de abandono de servicio público durante el puente de la Constitución.

La denuncia es resultado de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil por orden de la Fiscalía de Barcelona, que transcurre paralela a las que realizan las de Girona y Tarragona, donde también hubo controladores que podrían haber abandonado su responsabilidad laboral.

La Fiscalía mantiene en su escrito que la actitud de los controladores que "optaron por hacer inviable el tráfico aéreo con sus imaginarias incapacidades, derivada de su conflicto laboral y su enfrentamiento con el Gobierno, originó de manera automática la casi total paralización del tráfico aéreo en el aeropuerto de Barcelona".

A consecuencia de esa "conducta pasiva de clara obstrucción a la regulación del tráfico aéreo", se tuvieron que suspender más de 200 vuelos el día 3 de diciembre y 570 el día 4, lo que -según el ministerio público- derivó en un "caos generalizado" que perjudicó a miles de viajeros.

La denuncia de la acusación pública se dirige sólo contra los controladores de la torre de Gavà porque la actitud de los de la torre de El Prat de Llobregat (Barcelona) fue en principio correcta -permanecieron en su lugar de trabajo sin incidencias- y la postura de los de Sabadell dependía de los primeros, ya que les resulta imposible operar si el principal centro de control no funciona.

Según la Fiscalía, durante la tarde del día 3 "simularon incapacidad para ejercer sus funciones" dos tercios de los controladores, lo que provocó que a las 20.00 horas se cerrara el aeropuerto de El Prat, y a los turnos de noche y mañana del día 4 también faltó "un número importante" de los trabajadores convocados.

La mayoría de los controladores que declararon ante la Guardia Civil de Barcelona en el transcurso de esta investigación optó por acogerse a su derecho a no responder, lo que, resalta la Fiscalía, ha impedido conocer cuál era su auténtico estado de salud los días 3 y 4.

Varios de los controladores han aportado partes médicos para justificar su ausencia durante la huelga encubierta, pero el ministerio público los considera de momento insuficientes, sin perjuicio de que durante la instrucción de la causa puedan demostrar la veracidad de esa supuesta incapacidad.

El acuerdo de la Fiscalía detalla que la tarde del día 3 de diciembre 32, de los 46 controladores de Gavà, fueron alegando incapacidad para el servicio, rellenando los partes correspondientes que les inhabilitaban para el ejercicio de sus funciones.

La noche del 3 al 4 de diciembre, 11 de los 26 controladores no acudieron a su puesto y en el turno de la mañana, en el que estaban convocados 40, dos no fueron a su trabajo y cuatro alegaron incapacidad, aunque a partir de las 13.00 horas, una vez declarado el estado de excepción, "todos recuperaron la salud", añade la Fiscalía.

A la investigación abierta por el ministerio público se ha personado el Gremio de Hoteles de Barcelona, en representación de 97 establecimientos hoteleros de la ciudad que aseguran que sufrieron pérdidas de 318.000 euros por la cancelación de estancias debido a la huelga de controladores.

También han presentado denuncias en el ministerio público, a título particular, algunos viajeros afectados por la cancelación de vuelos.

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