La irrupción de la energía solar fotovoltaica está sembrando de placas los rastrojos españoles y calentando el campo más allá de lo que producen los rayos del sol: la rentabilidad que este tipo de instalaciones ofrece a los agricultores y ganaderos que alquilan sus terrenos supera ya los 1.500 euros por hectárea y año de media, incluso llega a los 2.000 en algunas zonas, lo que supone multiplicar por cuatro o cinco veces el rendimiento de cualquier cereal de secano “sin mover el tractor y sin trabajar, solo poniendo tu número de cuenta corriente a final de año para que te ingresen el dinero”, comentan los propietarios agrícolas. Aunque no valen todas las parcelas ni se puede hacer de cualquier manera, la expectativa de sacarle al campo un dinero que nunca se hubiera imaginado ha corrido como la pólvora en el sector agrario, a pesar de su desconfianza tradicional de ‘quien da duros a pesetas’ y el temor a convertir el paisaje clásico de los campos de trigo y cebada en un mar de espejos mirando al sol.
Tanto las grandes empresas energéticas como las comercializadoras pequeñas y medianas que operan en el sector se han lanzado a la búsqueda y selección de terrenos, a la vista de que hace falta instalar cada año en España unas 6.000 hectáreas de placas solares en campos de cultivo (el equivalente a 8.400 campos de fútbol cada año durante una década), en las condiciones más óptimas para la producción y el transporte de la energía que se genera. La previsión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para cumplir con la reducción de emisiones contaminantes en 2030 prevé la generación de 29.500 megavatios (MW) de solar fotovoltaica, lo que supone sustituir en diez años unas 60.000 hectáreas de cultivos, normalmente de secano y bajo rendimiento, en grandes extensiones llenas de placas solares.
Aunque sea una visión impactante y pueda parecer algo exagerado, desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) recuerdan que esa extensión es apenas el 0,35% de los 16,2 millones de hectáreas de superficie cultivable que hay en España, y el 0,25% si se cuenta además con los 7,5 millones más de hectáreas de pastos para ganado que también pueden convertirse en generadores de energía solar. En términos globales, el 46,2% de la superficie española es de uso agrícola o ganadera, con lo que el total del desarrollo fotovoltaico previsto en una década apenas supondría una reducción de una décima en esa proporción, por más impacto visual que pueda tener.
A pesar de ello, las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Coag, UPA y Cooperativas) muestran sus recelos al impacto que en el campo va a tener este tremendo desarrollo de suelo solar, si bien es complicado competir con la rentabilidad que ofrecen. Frente a los "fiascos" de las primas a las renovables de hace una década y a pesar de tratarse de un sector regulado, siempre dependiente de las decisiones del Gobierno, esta vez los proyectos son privados y su seguridad financiera y jurídica es mayor. Según los cálculos consultados en la patronal del sector, una instalación básica en la que se pague a 1.500 euros la hectárea de alquiler cada año al propietario del terreno, supone un impacto del 0,5% sobre la inversión total que se realiza, con un contrato a 25 o 30 años, es decir, que esos alquileres que tanto sorprenden en el campo por multiplicar de forma nunca vista la rentabilidad que ofrece el cereal, no suponen un riesgo para la rentabilidad de la planta de generación que se crea.
Según las previsiones realizadas y con esa renta media (que puede ser superior), el alquiler del terreno para placas solares repartirá cada año entre 9 y 10 millones de euros en el sector agrario, acumulativos hasta los 90 o 100 millones en la década, que se mantendrán mientras duren los contratos. A lo que se debe añadir unos impuestos sobre la construcción de las instalaciones que cobrarán los ayuntamientos que puede suponer hasta el 4% de la inversión total. Las organizaciones agrarias, incapaces de prohibir a un agricultor que aproveche el tirón de las placas solares, advierten que se deben reservar para este tipo de proyectos los terrenos más improductivos, con un cuidado especial sobre el impacto en el medio ambiente y en explotaciones que hayan invertido en maquinaria con terrenos a renta y se vean despojados de ellos por sus propietarios de la noche a la mañana.
La recomendación de los expertos en la materia es tener siempre "un contrato bien atado y un buen abogado", por si hubiera problemas en el cobro de las rentas. Las normas medioambientales obligan esta vez a clavar las placas en el suelo, sin planchas de hormigón, por lo que "al agricultor que ve vulnerados sus derechos siempre le queda explotar directamente la planta vendiendo la energía, o retirar las instalaciones y volver a sembrar sin problemas", aseguran.
Llega la gran criba de proyectos
Aunque no se trata de un proceso que se pueda marcar con exactitud, pues todo depende de la situación y la extensión de los terrenos que se seleccionen, la previsión de UNEF es que se realice un reparto en proporción homogénea en todas las comunidades autónomas. Aunque se priorice a los propietarios de menor tamaño, es complicado ver placas en terrenos de menos de 10 hectáreas (5 MW de producción) que estén muy separados de alguna subestación que enganche con la red de distribución. Es más, las grandes compañías eléctricas tienen en el punto de mira, en principio, los grandes latifundios que pueden aglutinar ‘huertos solares’ de cientos de hectáreas, dado que ofrecen mayor generación y más rentabilidad. En estos casos, las rentas suelen ser menores.
La clave ahora está en el reparto que se haga de todas las peticiones de punto y conexión que se han solicitado y que multiplican por tres los 29.500 MW que en principio están autorizados para diez años. La selección de proyectos ha empezado en muchas comunidades autónomas con el estudio arqueológico y de impacto ambiental de los terrenos, que supone la primera gran criba de proyectos que amenaza con dejar fuera a una gran parte de las peticiones. El segundo escollo que dejará fuera a muchos planes surge cuando se analiza la rentabilidad que ofrece cada emplazamiento de cara a conseguir la financiación necesaria para acometer la inversión, que depende en gran medida de la forma de comercialización que se haya conseguido: con contratos bilaterales con empresas concretas, acudiendo al pool de generación o directamente al mercado. Si bien la primera y la segunda opción son más seguras, la fluctuación del mercado supone un mayor riesgo y beneficio en la tercera.
Una vez recorrido todo ese camino, la previsión de UNEF es que en cada comunidad autónoma haya dentro de diez años menos del 1% de su suelo agrícola dedicado a placas solares, salvo en casos excepcionales, como Madrid, donde la escasez del terreno disponible, junto con la elevada petición de proyectos por el gran número de puntos de conexión disponibles, puede hacer que se dedique hasta un 4% del terreno agrícola a la fotovoltaica, si bien los expertos auguran también una mortalidad fuerte en esos planes. Es significativo en el reparto por autonomías el caso de Cataluña, cuyas solicitudes suponen un 7% del total nacional, si bien al ser más extensa que Madrid, su desarrollo no se saldrá de una ocupación máxima del 1,5% del total de la superficie de cultivo.
