La Generalitat defiende su seriedad al privatizar Aigües Ter-Llobregat

Sant Sadurní d'Osormort (Barcelona), 4 ene.- El consejero de Territorio, Santi Vila, ha asegurado hoy que la privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) ha demostrado que Cataluña "es un país serio" y ha fiado la resolución del conflicto al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Ayer, la Generalitat anunció que presentará un recurso contencioso-administrativo a la decisión de su Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, adscrito al departamento de Presidencia de la administración autonómica, de dar la razón a Agbar frente a Acciona -ganadora de la concesión- en la pugna por la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat.

"Se envía el mensaje al mundo de que Cataluña es un país serio, donde la seguridad jurídica que permite el marco de competencia es una realidad", ha subrayado el consejero tras la inauguración del desdoblamiento del Eje Transversal.

"Hay motivo para la satisfacción, en la medida en que un organismo independiente formula un informe (que contradice una decisión anterior) y se confirma que Cataluña es un país serio, un estado de derecho en el que hay garantías para todo el mundo", ha argumentado Vila, que ha heredado este conflicto de su antecesor, Lluís Recoder, presente en el acto.

Vila ha añadido que "en un país típico de república bananera esto no habría sido así" y se habría adjudicado una "concesión tan ambiciosa como ésta a quien pareciera mas oportuno".

Al igual que ayer, el gobierno catalán ha evitado hoy la autocrítica por este proceso de privatización, a pesar de que el gobierno catalán cobró de Acciona y sus socios un anticipo de 300 millones el pasado 27 de diciembre por esta privatización y esta semana se dio a conocer la resolución favorable a su rival, Agbar.

Vila ha explicado que, tanto él, como el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, defendieron la "correcta" actuación en este proceso de la mesa de contratación ayer, en la reunión del gobierno catalán, y que ahora el Gobierno "lo fía todo a la posición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

"Se trata de un litigio entre dos empresas y ahora el TSJC debe dar la razón a una de las partes", ha asegurado en alusión a Agbar y a Acciona, empresa que gestiona desde el 1 de enero la firma en litigio pero que ya advertido de que prepara acciones legales y que reclamará los 300 millones abonados y daños y perjuicios si pierde la concesión.

Ha insistido en que el gobierno catalán quiere ofrecer todas las garantías de "transparencia" en este proceso para demostrar que es un país "maduro y moderno".

ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, para lo que cuenta con cuatro grandes plantas potabilizadoras, desalinizadoras, depósitos y 900 kilómetros de tuberías.