Domingo, 24.03.2019 - 15:19 h
El primer intento lo anuló el 155

La Guardia Civil alertó al juez sobre los impuestos que Torra pretende recaudar

El documento preparado por los investigadores consta de 165 páginas y fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el anuncio del ganador del Premio Internacional Catalunya. EFE/Andreu Dalmau.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el anuncio del ganador del Premio Internacional Catalunya. EFE/Andreu Dalmau.

Un informe de la Guardia Civil advirtió al juez de que el programa de homogeneización tributaria de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para recaudar impuestos estatales, anulado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora reactivado por el Ejecutivo de Quím Torra, pretendía ser el embrión de la futura Hacienda catalana con la que recaudar  entre 4.500 y 5.000 millones, para "financiar inicialmente" la República catalana.

El documento de 165 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la creación de estructuras de Estado para la pretendida República.

El pasado 27 de diciembre, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, anunciaba que en los próximos meses se reactivaría el "Programa de homogeneización tributaria" que puso en marcha el Gobierno de Puigdemont, anulado después por el 155, para recaudar los impuestos y las cotizaciones sociales de los ayuntamientos catalanes y las empresas y el sector público de la Generalitat.

Para ello, el Gobierno catalán realizó, durante el mandato de Puigdemont, convenios con los ayuntamientos, universidades y entes del sector público de la Generalitat, que se comprometían a liquidar el IVA, el IRPF y las cotizaciones de Seguridad Social con la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y con la Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo. Estos, a su vez, asumían el compromiso de presentar las autoliquidaciones y los ingresos de cuotas correspondientes de los tributos de titularidad estatal ante la Hacienda estatal y la Seguridad Social.

Un programa de IBM

Para realizar todo este proceso, la Generalitat también encargó el desarrollo de un programa informático a IBM que costó 241.382 euros y también fue anulado por el Gobierno de Rajoy, con el gasto añadido de otros 16.162 euros que supuso su desactivación. Aunque el mayor desembolso no se llegó a realizar ya que, según el informe de la Guardia Civil, el impulso de la administración digital que este programa requería llevaba aparejada una dotación económica de 2,93 millones de euros para sufragar su coste total acumulado.

La Generalitat argumentó que este programa serviría para facilitar y dotar de mayor eficacia a la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales de ayuntamientos y empresas de la comunidad autónoma catalana. Sin embargo, la Guardia Civil rebate este argumento y alega que sumaba más burocracia a la vez que obligaba a los obligados tributarios a liquidar con la ATC cinco días antes de que expirara el plazo para hacerlo con la Hacienda estatal.

Tras analizar numerosa documentación, entre ella la intervenida al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, los investigadores concluyen que lo que pretendía la Generalitat era que la ATC asumiera "de facto" una competencia estatal "amparándose para ello en el desarrollo de una medida aparentemente legal", en un "posible fraude de ley".

"El objetivo final que buscaban los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña con esta medida no era otro que el de poder canalizar una importante fuente de ingresos tributarios a través de la ATC, obteniendo de este modo el pleno control sobre los mismos", expone el Instituto armado.

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