La Guardia Civil registra las oficinas de la petrolera Petromiralles

  • La Guardia Civil está registrando las oficinas de la petrolera Petromiralles en Santa Maria de Miralles (Barcelona), en el marco de una operación contra un entramado de empresas del sector de los hidrocarburos acusadas de defraudar el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Barcelona, 25 jun.- La Guardia Civil está registrando las oficinas de la petrolera Petromiralles en Santa Maria de Miralles (Barcelona), en el marco de una operación contra un entramado de empresas del sector de los hidrocarburos acusadas de defraudar el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Según ha podido comprobar Efe, varios agentes del instituto armado permanecen en las dependencias de petrolera, en una operación que se ha iniciado esta mañana y que todavía continúa abierta.

En la operación, que se desarrolla en Cataluña y Andalucía, está previsto que se practiquen más de diez detenciones, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Las empresas de la trama, entre ellas Petromiralles, están acusadas de crear estructuras para defraudar el IVA en sus transacciones.

En Cataluña se están practicando detenciones y registros en Barcelona y Girona y en las poblaciones barcelonesas de Castelldefels, L'Hospitalet de Llobregat y Cervelló, además de en Santa Maria de Petromiralles, según las mismas fuentes.

La petrolera Petromiralles, propiedad de los hermanos Torrens-Ferrer, se constituyó en 1995 y está dedicada a la gestión de estaciones de servicio y a la distribución de combustibles a domicilio.

Según se recoge en la página web de la empresa, la dirección del grupo Petromiralles la ostentan de manera colegiada los hermanos Torrens-Ferrer, aunque se reparten los ámbitos operativos, de forma que Josep Maria Torrens Ferrer ejerce como director general y Pere Torrens Ferrer como director logístico.

El holding Petromiralles nació a raíz del crecimiento de la pequeña gasolinera que los padres de los hermanos Torrens-Ferrer fundaron en 1967 en el cruce de las carreteras C-37, B-220 y BP-2121 en Santa Maria de Miralles.

En un comunicado remitido a Efe, Petromiralles apunta que desconoce los hechos y el alcance de la causa investigada, "pues en ningún momento la Audiencia Nacional ha atribuido responsabilidad alguna a la mercantil o a sus directivos, si bien dicho órgano judicial se ha procurado información sobre terceros operadores del sector".

El pequeño municipio de Santa Maria de Miralles, en la comarca barcelonesa del Anoia, cuenta con 130 habitantes, que viven en las masías diseminadas por todo el municipio, que se dedica fundamentalmente a la actividad agrícola.

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