ACS llevaba dos años amenazando con tomar medidas legales para defender su derecho de entrar en Iberdrola, pero siempre se resistía a hacerlo. Lógico, porque un proceso de este tipo corre en contra de quien tenga prisa, y en esta ocasión, ese papel corresponde a la compañía presidida por Florentino Pérez.
Sin embargo, al final ha tenido que hacerlo. La vía diplomática lleva tiempo cerrada a cal y canto, la búsqueda de otros inversores que respalden su inversión ahora parece una misión imposible, y la demanda presentada por Iberdrola contra ACS, acusándola de falsear las cuentas, ha sido la puntilla.
La guerra en los tribunales abierta por el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, consigue el objetivo que siempre frenó a ACS de acudir directamente a los juzgados: congelar el proceso durante mucho meses.
El principal referente que existe en España de una guerra similar es la pugna que mantuvieron entre Acciona y FCC. Tras el intento fallido de la familia Entrecanales de colocar tres representantes en el consejo de la compañía de Esther Koplowitz -Jaime Castellanos, Claudio Aguirre y Alejandro Fernández Araoz-, la disputa se llevó a los tribunales.
Corría el mes de junio de 2004 y Acciona rápidamente acudió al registro mercantil de Barcelona, ciudad donde FCC tiene su sede, para denegar la inscripción en el registro de los tres consejeros que había nombrado la empresa de Koplowitz tras rechazar a los de Entrecanales -Fernando Falcó, Felipe García y Daniel Caille-. Además, Acciona impugnó los acuerdos de la junta que dejaron fuera a sus representantes, como ha hecho ahora ACS.
A partir de ahí comenzó un largo litigio que se resolvió año y medio y varios sentencias después. En concreto, hubo que esperar hasta enero de 2006 para que la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de vetar a Acciona se hiciera firme y sin posibilidad de recurso.
La similitud entre estos dos casos permite temer un lejano desenlace. Factor que juega en contra de ACS. A cambio, la historia le confiere al grupo constructor albergar la esperanza de que los tribunales le den la razón porque, del mismo modo que FCC pudo frenar a Acciona alegando que se trataba de un competidor directo -los dos son grupos de infraestructuras que obtiene la mayoría de sus ingresos de los mismos negocios-, año y medio después tuvo que dar entrada a Luis Portillo, por entonces uno de los inmobilarios más importantes de España.
Cuando sucedieron estos hechos, FCC conseguía el 10% de su beneficio bruto operativo (ebitda) del negocio inmobiliario, a través de su filial Realia, un porcentaje que consideró insuficiente para ganar otra batalla en los tribunales alegando que se trataba de un competidor. ACS, por su parte, sólo obtiene un 1,5% de su negocio en energía, el negocio principal de Iberdrola.
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