La mal llamada 'hucha' de las pensiones –contiene dinero vivo, invertido en activos, no estanco– se vacía sola. El fondo de reserva de la Seguridad Social, cuya utilidad única es el pago de las pensiones, ha perdido 24 millones de euros sin efectuar ningún desembolso, lastrado por las decisiones en política de inversión de sus gestores.
En concreto, cuenta en la actualidad con 8.061,56 millones de euros, una cifra que se sitúa por debajo de los 8.085 millones que tenía a cierre de 2017, debido a que las rentabilidades de los valores en los que está colocado son negativas. Así lo ha avanzado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, durante su intervención en la comisión parlamentaria de Pacto de Toledo, ante la que ha defendido a su recién llegado equipo, alegando una "gestión heredada" del anterior Gobierno del PP.
Granado ha explicado que el fondo de reserva está invertido en activos de deuda pública que tienen una rentabilidad negativa desde mediados del pasado ejercicio 2017, "equiparable a la que tenía a principios de 2003", por lo que su situación actual "es de todo menos halagüeña".
Según ha explicado, la cartera de activos que forman parte del fondo de reserva están invertidos exclusivamente en deuda pública española con vencimientos a muy corto plazo, que ha tenido en el último año rentabilidades negativas desde el 0,1% y el 0,4%. Una política de inversión que Granado ha atribuido al anterior Gobierno del PP, para asegurar después que "habría sido posible tener otras previsiones" más "razonables", invirtiendo una parte a largo plazo y otra parte a corto, algo que "habría exigido tener una planificación".
Hay que recordar que, desde los cerca de 67.000 millones de euros que tuvo en el año 2011, tras las aportaciones realizadas durante años, del fondo de reserva se han detraido 74.000 millones para el pago de pensiones, una cuantía mayor de la aportada, porque se han ido añadiendo al mismo los rendimientos financieros obtenidos de su colocación en deuda.
Con todo, las cuentas de la Seguridad Social no cuadran y la tensión financiera, lejos de cesar gracias al incremento de cotizantes durante los últimos años de recuperación económica, aumenta ante un gasto en pensiones disparado –pulverizó todos los récords en septiembre, con una nómina de 9.235 millones de euros– por la propia evolución demográfica y por las nuevas prestaciones, más caras.
Un desequilibrio que engorda el déficit del sistema por encima de los 18.000 millones de euros y al que hay que sumar el impacto del acuerdo suscrito entre el Gobierno anterior del PP y el PNV para actualizar las pensiones con el IPC este año y el próximo (1,6%) y subir las prestaciones más bajas un 3%. "No tiene asiento en el presupuesto" y en el Ejecutivo se está estudiando "cómo resolver este dislate", ha reconocido Granado. "Vamos a tener que echar mucha imaginación para gestionar una medida que obliga a gastar más", ha dicho.
Entre sus propuestas, el secretario de Estado ha recordado la voluntad del Ejecutivo de actualizar las pensiones de acuerdo con el incremento del coste de la vida, con la previsión de abonar una paga extra para compensar subidas del IPC mayores a las proyectadas, la conocida como "paguilla", que los jubilados ingresarían a principios del ejercicio siguiente.
Calcular la pensión con toda la vida laboral
Además, ha rescatado el planteamiento de que las pensiones se calculen con la cotización de toda la vida laboral, y no con los últimos 21 años, como sucede en la actualidad. "Tenemos que utilizar todo el periodo de cómputo laboral. Yo propondré a la patronal y los sindicatos que, a partir de 2023, extiendan dicho periodo, año a año, hasta llegar a toda la vida laboral", ha adelantado ante la comisión. Una propuesta que ya puso sobre la mesa del Pacto de Toledo la anterior ministra de Empleo Fátima Báñez, con el matiz de que sería voluntario y podrían descartarse los 5 peores años de cotización.
Una medida, en su día –a principios de este año, no hace tanto– criticada por los socialistas. Entonces el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentó que el sistema público de pensiones se sostiene aumentando los salarios y no ampliando el cálculo de la pensión a toda la vida laboral. "No se trata sólo del número de años que cotizas", precisó, "sino del tipo de contratos que cotizas".
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