Continúa la polémica en el sector energético. El Foro Nuclear, como principal representante de la industria atómica española, que además incluye a empresas energéticas como Endesa, Iberdrola y Naturgy, que gestionan centrales nucleares, ha realizado un comunicado recientemente en el que se opone frontalmente al proyecto recientemente anunciado por el ejecutivo de Sánchez para reducir la factura de la luz.
El organismo que concentra a las empresas del sector opina que este proyecto de Ley "no debe aplicarse sobre la energía nuclear". Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, a pesar de que es de aplicación temporal, "ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear", alega el comunicado.
Para este sector, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, debería mantenerse en el entorno de los 57 o 60 euros/MWh, teniendo el cuenta el nivel impositivo actual. En este sentido señalan que si no es así "sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas".
El Foro Nuclear ha lamentado que el parque nuclear español soporta una "excesiva presión fiscal", que unida a las nuevas medidas del Ejecutivo, pueden llevar a la "inviabilidad económico-financiera" y el consecuente "cese anticipado de la actividad". Además, recuerdan que el sector tiene previsto realizar una inversión de 3.000 millones de euros hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035.
Así, el presidente del organismo, Ignacio Araluce, ha expresado que este cese anticipado provocaría "un cierre desordenado de la generación nuclear" y "la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial".
En su opinión, si las nucleares se ven abocadas a esta situación, el país tendría una mayor dependencia energética del exterior y habrá un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista, e impediría el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).
El proyecto de ley pretende disminuir el precio del CO2 de retribución de las instalaciones que operan desde antes del 25 de octubre de 2003, antes de que la Unión Europea (UE) estableciera el mercado de derechos de emisión de CO2. Además, las nucleares han recordado que funcionan con autorizaciones que se renuevan periódicamente, algunas de ellas concedidas de manera reciente y de acuerdo con los criterios de asignación de derechos de emisión establecidos por la UE.
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