"Ahora mismo la solución pasa por el Gobierno. No hace falta que intervenga nada, simplemente que gestione, pero el Gobierno debe gestionar esta situación". El presidente del Comité de Empresa de Alcoa A Coruña fiaba este sábado cualquier salida a la situación laboral de los 700 trabajadores afectados por el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña a la intermediación gubernamental después de que la multinacional estadounidense del aluminio haya manifestado ya su intención inexorable de echar el cierre a ambas fábricas.
La apelación al Gobierno, a su intervención, a su intermediación o directamente a su implicación en la solución de sus problemas, ha sido uno de los mantras de las movilizaciones que este sábado han tenido lugar en diferentes puntos de España - principalmente en Avilés, A Coruña y Andorra - en protesta por la situación general creada en diferentes flancos de la llamada industria tradicional, a los que le recuperación económica no ha servido para dar un horizonte laboral.
Alcoa. La situación en Alcoa parece la más peliaguda. Dos meses de negociación con los trabajadores y el Gobierno han conseguido que la multinacional estadounidense del aluminio acceda a mantener una actividad mínima en sus dos plantas de A Coruña y Avilés y a preservar - en tanto aparezca un inversor - algo menos de una tercera parte de la plantilla: unos 200 trabajadores sobre los 686 actualmente en nómina.
La oferta ha sido rechazada por el Comité de Empresa que sospecha que el planteamiento de Alcoa no es más que una maniobra para dulcificar el cierre de las plantas. Los trabajadores exigen una implicación más directa del Gobierno en el conflicto y acusan a Pedro Sánchez de no poner toda la carne en el asador en defensa de sus puestos de trabajo.
Endesa Andorra. Endesa comunicó el pasado mes de noviembre a los trabajadores de su Central Térmica en la localidad aragonesa de Andorra su intención firme de echar el cierre a la planta en junio de 2020, una decisión que dejará en la calle a 580 trabajadores, pero que afectará de forma indirecta a más de 4.000 personas.
Endesa achacó el cierre a que las actuales condiciones regulatorias, que por el lado europeo le exigirían una inversión de 200 millones de euros para continuar operando y desde el lado nacional anuncian el fin del carbón, y de mercado hacen inviable el futuro de la central térmica.
Los trabajadores exigen que la central no se cierre sin una alternativa viable, ya que la presentada por la empresa únicamente garantiza el empleo a 153 trabajadores. Advierten de que en estas circunstancias miles de personas se verían obligadas a abandonar la comarca turolense ante la imposibilidad de tener un medio de vida, informa EP.
La Naval de Sestao. La empresa presentó un ERE de extinción que ponía en la calle a 177 trabajadores. Aquí el Gobierno sí se ha implicado directamente en la solución del problema, al igual que ocurriera con Vestas o Cemex. Las negociaciones ulteriores con el Gobierno y la SEPI han encontrado una solución para una buena mayoría de ellos. Los 150 trabajadores de La Naval que procedían del astillero público Izar podrán optar por reintegrarse en Navantia, aprovechando su nuevo plan de empleo, en sus centros de construcción civil de Ferrol o Puerto Real, o bien en Madrid.
Problemas similares han aflorado en la planta de Isowat Made de Medina del Campo y en otros lugares. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha comprometido este sábado en Valladolid la implicación del Gobierno en la búsqueda de soluciones y el trabajo para impulsar la reindustrialización del país, que es uno de los ejes que el presidente del Gobierno se ha empeñado en destacar del proyecto de Presupuestos para 2019.
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