Madrid, 30 abr.- La intervención de las cuentas de una comunidad autónoma, prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ha entrado hoy en vigor tras su publicación en el BOE, no supondrá la suspensión de su autonomía, aunque sí puede suponer la disolución de un ayuntamiento.
Así lo han indicado hoy fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que han insistido en que desde este Departamento no se dudará en utilizar "toda la normativa vigente" si una Administración pública incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Las mismas fuentes han añadido que, hasta la fecha, ninguna comunidad autónoma "ha pedido o sugerido" una intervención voluntaria de sus cuentas, pero sí han pedido ayuda "casi todas" para confeccionar los planes económicos y fiscales y han dicho que con todas ha habido diálogo.
Sí han reconocido que alguna podría pedir un apoyo especial dada su situación económica y desde el ministerio se asegura que "no durarán" en hacerlo si lo solicitan.
Han precisado, además, que no creen que vaya a haber sorpresas con los planes que tienen que remitir al ministerio y cuyo límite de entrega expira a medianoche de hoy.
Aunque las fuentes no han precisado cuántas comunidades los han presentado ya, sí han reconocido que Cataluña ya lo ha hecho y que el ministerio ha pedido al Gobierno de la Generalitat que corrigiera una serie de partidas, lo que ha hecho "y en la buena dirección".
Se han mostrado convencidas de que ninguna comunidad autónoma "querrá verse ante sus ciudadanos en entredicho" por su gestión económica, por lo que antes de que se produzca la intervención harán caso a las advertencias y a la ayuda que ofrece el ministerio.
No obstante, las fuentes han agregado que tienen capacidad técnica y de personal para llevar a cabo la intervención, ya que llevan meses trabajando.
Dados los plazos previstos en la ley si finalmente es necesaria la intervención de alguna comunidad, ésta no sería posible hasta septiembre, ya que no se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta mediados de mayo, en el que se analizarán los planes de ajuste.
Todas las administraciones públicas tienen que presentar sus presupuestos el 1 de abril para ser analizados y el 1 de octubre es la fecha establecida para conocer las liquidaciones de las cuentas.
Ante el riesgo de incumplimiento de los objetivos, el ministerio hará una advertencia y en un mes las administraciones deben adoptar medidas, ya que, de lo contrario, se aplicarán medidas correctivas como la reducción de emisión de deuda o la no autorización de convenios y subvenciones por parte de la Administración General del Estado.
Si la administración persiste en el incumplimiento o no presenta alguno de los planes previsto por la ley en su tiempo, comienzan a tomarse las medidas coercitivas que pueden conllevar la disolución de un ayuntamiento.
Para las autonomías, puede significar que el Estado tome acuerdos de no disponibilidad de fondos, le obligue a constituir un depósito con el 0,2 por ciento de su PIB en el Banco de España, multas si persiste en esa actitud y la llegada de un comisión de expertos que intervendría las cuentas.
Como todo el proceso será público y transparente, según las mismas fuentes, ninguna comunidad persistirá en incumplir los objetivos, para no verse expuesta a esa situación.
Por otra parte, y en rueda de prensa, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha precisado que el ministerio requerirá, en un proceso de diálogo, informes y que el seguimiento de la ejecución presupuestaria será mensual para las comunidades y trimestral para los Ayuntamientos.
"Ninguna administración va a caer -ha continuado-, pero todas están sujetas al imperativo de la ley en dos aspectos: la sostenibilidad de las finanzas y la estabilidad presupuestaria, con el objetivo de garantizar la confianza en las finanzas públicas" de los inversores y mercados.
Ha precisado que "la idea fuerza" de la ley es que, por primera vez, se asume plenamente el principio de coordinación de todas las administraciones por parte del Gobierno. EFECOM
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