Sevilla, 10 jun.- La juez que investiga los ERE falsos ha convocado mañana una comparecencia para nombrar un administrador judicial de la empresa Uniter, cuyo dueño se encuentra entre los imputados en la última fase de investigación, centrada en las comisiones excesivas que cobraban las mediadoras.
La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, convoca al ministerio fiscal y al abogado de José González Mata, dueño de Uniter, para nombrar un administrador judicial de esa aseguradora y de la compañía Cureña, vinculada a ella.
La juez acepta nombrar un administrador judicial pero rechaza levantar el bloqueo de todos los productos bancarios y financieros de esas dos empresas, acordado en abril pasado, porque se trata de una medida cautelar que se adoptó "con la finalidad de asegurar el eventual fallo condenatorio y con la temporalidad propia de tales medidas de aseguramiento", sostiene.
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, ha afirmado en otro escrito que cuando esté nombrado el administrador judicial de Uniter y Cureña, tal medida "conllevaría lógicamente el simultáneo desbloqueo de sus cuentas bancarias".
José González Mata se encuentra entre los veintidós detenidos en marzo pasado en la última rama de la investigación sobre los ERE pero aún no ha comparecido ante Alaya, al igual que no lo ha hecho el abogado Carlos Leal, del bufete Villasís.
Dicha operación se saldó con siete personas en prisión, si bien la semana pasada la juez Alaya dejó libre sin fianza al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y la Audiencia de Sevilla decretó la libertad bajo fianza de 600.000 euros de otros dos imputados.
En abril pasado, la juez bloqueó 84 cuentas de González Mata, de su esposa, su empresa y de otras compañías de su propiedad, con la "prohibición expresa de realizar cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización o transacción de capitales o activos financieros".
El objetivo era asegurar las responsabilidades civiles que pudieran recaer en el futuro y, en su caso, la restitución de los fondos ilícitamente obtenidos del erario de la comunidad autónoma de Andalucía, afirmó en un auto.
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