La Junta de CyL presenta el plan de ajuste convencida de cumplir con déficit

Valladolid, 30 abr.- La Junta de Castilla y León acaba de remitir al Gobierno el plan de ajuste que tenía que presentar hoy sin que se hayan incluido en este documento nuevos impuestos -tras los anunciados ya del 'céntimo sanitario' y los ambientales- y que "servirá a la Comunidad para ajustarse al objetivo de déficit".

Minutos después de enviar el documento al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha explicado que detallará el montante del ajuste en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo jueves.

"Por supuesto que vamos a cumplir", ha afirmado Del Olmo para referirse al objetivo de déficit establecido por el Gobierno para las autonomías, en una cantidad equivalente al 1,5 por ciento del PIB.

Del Olmo ha defendido de nuevo la decisión de su departamento de no presentar antes el proyecto de ley de presupuestos porque de este modo no va a tener que tomar un acuerdo de no disponibilidad de crédito, como van a tener que hacer otros gobiernos autonómicos, por lo que todos estos "ajustes" se van a trasladar directamente a los presupuestos que presentarán en los próximos días.

El plan de ajuste incluye medidas ya conocidas como el cobro del 'céntimo sanitario' o el incremento de jornada para los funcionarios, y otras para las que falta la concreción autonómica, como el caso del incremento de las tasas universitarias y los ratios de alumnos, entre otras medidas.

Precisamente sobre la aplicación del "céntimo sanitario" con gradación diferente en cada autonomía, Del Olmo ha confiado en que este proceso de presentación de planes de ajuste pueda servir para que más Gobiernos autonómicos cobren el máximo permitido -4,8 céntimos por litro- y se eliminen los posibles efectos negativos que pudiera tener su cobro desigual en territorios limítrofes.

Los planes de la Junta prevén ingresos de 120 millones por el cobro del 'céntimo sanitario', de unos 72 millones por nuevos impuestos medioambientales, de unos 39 millones por la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, de cerca de 136 millones por el incremento de jornada y congelación salarial de los funcionarios y la reducción de liberados sindicales, que equivale a unos 13,6 millones de euros.