Las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (UTEDLT), los consorcios participados al 50% por el Gobierno andaluz y por diferentes entes locales que fueron creados en su mayoría en 2002 para impulsar la generación de empleo y potenciar el desarrollo económico de las distintas zonas de la región, han sido las primeras víctimas de recorte de organismos, fundaciones y entes públicos que los nuevos responsables de la Junta de Andalucía prometieron cuando desembarcaron en el Palacio de San Telmo hace ahora justo un mes.
Estos consorcios, que llegaron a rozar el centenar y que en el último inventario de entes de la Junta -de 1 de enero de 2019- sumaban 74, llevaban más de ocho años en proceso de extinción -desde julio de 2010 cuando se aprobó el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía-, pero seguían recibiendo subvenciones y transferencias de muy diferente cuantía para su mantenimiento y continuaron pagando durante meses a sus empleados, pese a que estos ya no tenían un lugar al que acudir a trabajar.
La disolución definitiva de estos organismos, que correrá a cargo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que lidera Rocío Blanco (Ciudadanos), supondrá reducir el inventario de entes dependientes de la comunidad autónoma en una cuarta parte. En la actualidad y ya sin contar con las 74 UTEDLT, sin el Consorcio Guadalquivir, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la Fundación Mediara -que se dedicaba al arbitraje laboral-, que también han entrado en la primera lista negra del presidente Juan Manuel Moreno, hay 215 organismos vinculados a la Junta, una parte importante de ellos sin empleados o con uno dos y con nula actividad.
Así, 01Innova24, una entidad instrumental creada en el año 2009; el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe o el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor -que tiene actividad de promoción inmobiliaria y fue creado en 2010- no tienen trabajadores en nómina. Tampoco cuentan con empleados Iniciativa Leader Comarca Los Vélez e Iniciativa Noreste de Granada, que están en proceso de liquidación. Son estos entes, que pueden superar la veintena y que tienen plantillas mínimas, los siguientes que pueden desaparecer.
El Gobierno PP-Ciudadanos quiere tener lista en un mes una auditoría exhaustiva de la 'Administración paralela' de la Junta de Andalucía, un entramado empresarial de agencias y fundaciones que funciona de forma autónoma, con numerosas transferencias y subvenciones, que emplea a cerca de 27.000 trabajadores y que está en el punto de mira del nuevo Ejecutivo autonómico por la falta de transparencia y por las colocaciones a dedo en su estructura.
Esta primera actuación afectará a 12 agencias públicas empresariales: la de Cooperación Internacional , el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la Agencia de Obra Pública de la Junta, la Agencia Pública de Educación, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), la Agencia Pública de Puertos, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la Agencia de Medio Ambiente y Agua y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Otra de las patas de la reestructuración de la red empresarial de la Junta será la nueva Ley de Función Pública, que buscará dar transparencia a la labor y las retribuciones de los empleados públicos, no solo de los que trabajan en las consejerías, también de los que lo hacen para estos entes, cuya falta de control ha permitido subidas salariales indiscriminadas, nóminas para cerca de 700 directivos, 'empleados fantasma' o trabajadores que reciben sueldos sin acudir a su puesto.
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